La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenara ayer una investigación exhaustiva e inmediata sobre posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua.
Mediante su Comisión Ambiental, la UASD definió a las áreas protegidas del país como un soporte de biodiversidad, paisaje, cultura, suelos, bosques y costas.
“No son mercancía ni botín, sino garantía de vida y de soberanía ambiental. Reafirmamos que la defensa de las Áreas Protegidas no admite ambigüedades: es una causa de nación, de presente y de futuro”, expresó en un comunicado el organismo de defensa medioambiental de la academia de altos estudios.
La Comisión Ambiental de la UASD reiteró su disposición de acompañar a las autoridades en el proceso y puso a disposición del Ministerio Público su capacidad humana y técnica, incluyendo sus equipos de trabajo y especialistas en diversas áreas relacionadas con la investigación.
“La UASD, como universidad pública, está llamada a contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que la verdad se investigue, se documente y se sancione conforme a la ley”, indicó la entidad.
Litis Parque Jaragua: Estafa al Estado
En declaraciones recientes a El Nacional, el coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal, calificó como una estafa al Estado la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual permitiría la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua para fines de explotación turística.
Carvajal afirmó que se trata de la continuación del conflicto de Bahía de las Águilas, donde, aseguró, ya se demostró en el pasado la existencia de títulos espurios y falsificados.
De igual modo, manifestó que la decisión permitiría de mutilar más de 12 millones de metros cuadrados de la referida área protegida, hecho que tildó, además, como una maniobra contra el patrimonio público.
Otros parques
Además del Parque Jaragua, la investigación del Ministerio Público, incleye a los parques Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino. La procuradora también ordenó la ampliación de las indagatorias a los actos que hayan derivado en la emisión de títulos y acciones privadas que comprometan su integridad.
