Con su hostigamiento inesperado al espíritu soberano del pueblo dominicano, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton convirtió su visita a la República Dominicana, en un acto de agresión.

Su indelicadeza puede ser parangonada con la del embajador Tappley Bennett, que habiendo podido lograr una conclusión negociada de la revuelta de abril de 1965, lo que propició fue la agudización del conflicto y su desencadenamiento en una segunda invasión militar de los Estados Unidos.

Desde la declaratoria de independencia formulada por José Núñez de Cáceres, el 1 de diciembre de 1821, los dominicanos se han ganado a base de coraje, luchando contra ingleses, franceses, haitianos, españoles y estadounidenses, su derecho a la soberanía.

Es inaceptable que nadie pretenda trazarle pautas al pueblo dominicano en asuntos como el derecho a determinar, cómo se adquiere la nacionalidad dominicana.

La única que puede dictar ese mandato es la Constitución de la República, que en su artículo 18, sobre la nacionalidad, dispone: Son dominicanas y dominicanos: 1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; 2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; 3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres; 5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan los requisitos establecidos por la ley; 6) Los residentes directos de dominicanos residentes en el exterior; 7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.

Los hijos de los haitianos legales o ilegales residentes en la República Dominicana, son haitianos conforme a lo que establece claramente la Constitución de su país, y bien pueden documentarse como extranjeros a través del libro de extranjería.

Ni Estados Unidos, ni la familia Clinton pueden pretender evadir su responsabilidad con la desastrosa situación haitiana, ejerciendo mayor capacidad de presión y de chantaje sobre el pueblo dominicano para que cargue más pesado.

La ocupación de Clinton debe ser cumplir la promesa que la administración de la que ella forma parte hizo a 14 millones de indocumentados en su país de propiciar una reforma migratoria para facilitarles su legalización, sin embargo, lo que han recibido hasta ahora son un incremento de las deportaciones y un proceso de endurecimiento de las normas antiinmigrantes como ha ocurrido en Texas y Alabama.

Las autoridades no deberían tolerar desconsideraciones como las que nos acaba de obsequiar Hillary Clinton, muestra admiración y respeto por el pueblo norteamericano, no deben llevarnos a soportar humillaciones.