Para el año 2015 la República Dominicana, con poco más de diez millones de habitantes, tenía aproximadamente tres millones 500 mil vehículos de motor rodando por todo el territorio, entre los cuales se calcula más de un millón 600 mil motocicletas, 53.1 %, la mayoría dedicadas al transporte de pasajeros (motoconcho).

Las estadísticas que ofrece la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre las motocicletas no son confiables, pues la mayoría no tiene registros legales, ya que muchas están siendo ensambladas en el país por lo que no tienen placas, seguro, ni licencia.

Sin exagerar calculo que en el país hay dos millones de “motores”. No hay forma de saberlo con exactitud gracias al desorden y el caos reinante en esa área.

La ley de Tránsito de Vehículos que dirige la Oficina Técnica de Transporte (¿Con qué se come eso?) la 241, no la cumple nadie, no solo por falta de educación vial y conocimiento de las disposiciones legales, sino porque no hay autoridad. No hay ninguna consecuencia para los violadores de la ley. (Algunos transportistas tienen cien y hasta 200 contravenciones).

Los “padres de familia” que conducen protegidos por la policía y por los sindicatos convirtiendo las calles en una selva donde sobreviven los de mayor suerte. (Los autobuses tienen unas “defensas” delanteras y traseras que meten miedo).
La Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) no tiene la voluntad, la fuerza, ni los recursos para imponer la ley. (Los “amemaos” de las calles).

Más del 80 por ciento de los robos, atracos y asesinatos que se cometen en el país se producen en motocicletas. En una alta proporción están involucrados agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo las autoridades no hacen nada (o muy poco) para impedirlo.

Se puede prohibir, como se hizo antes, que dos personas transiten en una motocicleta, a menos que se trate de un “motoconcho”, que en todo caso debe estar identificado y tener una ruta. Se puede prohibir el uso de cascos que cubran todo el rostro como usan ahora los delincuentes. Se puede impedir que las motocicletas transiten por determinados sectores residenciales en horas específicas. Se puede evitar que en zonas turísticas, como la Ciudad Colonial, por ejemplo, circulen. De igual manera, debe ser obligatorio que cada moto tenga identidad (una placa o chapa) con el nombre del propietario que tendrá que poseer una licencia de conducir y un seguro, como lo establece la ley.

De otro lado, hay que ponerle régimen a los “dueños del país” que controlan y el transporte de pasajeros urbano y sub urbano. El Estado debe recuperar su papel.