Pudiera ser por las deficiencias en la enseñanza de las ciencias exactas o de la educación en general, o puede que se deba a algo enteramente cultural en una sociedad donde la superstición tiene un gran arraigo, pero es preocupante como no solo la opinión pública sino las instituciones (o sus representantes) en la República Dominicana muestran una alta vocación al drama y las teorías de conspiración. Tanto en la prensa como en el mismo Estado la pasión por las teorías sin fundamentos son notorias, y de manera conspicua se pone de lado lo más importante, la evidencia. Es poco probable que como país lleguemos a soluciones concretas sobre problemas reales si partimos de una paranoia digna de telenovelas, y entiendo que hoy, quizás más que nunca, es tiempo que empecemos a revisarnos.

Si bien el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y la reciente visita de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han mostrado de manera notoria nuestra vocación por las teorías de conspiración, creer que esta solo se limita a este tipo de situaciones sería sumamente ingenuo.

De similar forma fueron “noticias” y temas de opinión en nuestro país asuntos como una supuesta base militar de los Estados Unidos en la Isla Saona, el infundado “inminente nombramiento” de Leonel Fernández como Secretario General de la OEA, y más recientemente se especula sobre el estado del Grupo Financiero León a raíz de su fusión con el Grupo Financiero BHD. La propensión a fabricar teorías de conspiración se extiende a acusaciones y sugerencias ligeras sobre corrupción contra empresas internacionales, no obstante estar estas sujetas a normas de sus propios países que persiguen rigurosamente ese tipo de acciones.

La obsesión por las tramas en nuestro país no se limita a simples (y generalmente inofensivas) declaraciones públicas, sino que tiene impactos relevantes en el quehacer público. Precisamente la puesta en marcha de la reforma del Código Procesal Penal buscaba reducir lo especulativo de la justicia criminal dominicana para enfocarle en la producción de evidencias, una tarea puesta a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, casi 10 años después de su entrada en vigencia esa entidad sigue mostrando dificultades en alejarse de las prácticas especulativas, lo que naturalmente produce conflictos con las obligaciones que le impone el CPP. Paradójicamente, el receptor de las quejas por estas fallas es el Código, como reafirmación de nuestra incapacidad cultural de ceñirnos a evidencias.

Como sociedad nos hemos mostrado más enfocados en producir información, sin importar que tan ajustada a la realidad sea, que a obtener información correcta y precisa. Lo anterior inevitablemente provoca que tengamos una sociedad desinformada, y que tanto el sector privado como el sector público tomen decisiones erráticas en perjuicio de ellos como del público en general. Adicionalmente, esto incide en que la información que sí se trata de recabar o publicar, se haga con poca rigurosidad, de forma irregular y sin periodicidad.

Si el propósito es buscar salidas a los problemas que nos agobian, es necesario sepultar la cultura conspiranoica y centrarnos en comprender a precisión donde estamos y hacia donde deseamos ir, ya que de lo contrario seguiremos reaccionando a las circunstancias que nos arroje la neblina en la que estamos empantanados, y no planificando una ruta adecuada que nos lleve a un desarrollo sostenible.

Orlando Gómez Torres

orlando.gomez@gmail.com