1 de 2

Una docena de banqueros purgan condenas de 5 a 20 años de prisión y multas millonarias. Centenares de narcotraficantes ocupan las cárceles dominicanas, de forma preventiva y cumpliendo condenas.

Apenas un par de funcionarios han sido juzgados y procesados por peculado, tráfico de influencia y otros delitos de la misma naturaleza.

No hay un solo legislador preso. Y, si mis cuentas no andan mal, sólo el síndico de Villa Altagracia ha sido llevado ante los tribunales, acusado de estafar al Estado.

El nuestro es un paraíso político [si hay paraísos fiscales, no es raro que haya paraísos políticos].

Somos gobernados por un coro de inmaculados arcángeles, inmaculados. O, simplemente, e las arreglan para que el manto de la impunidad los arrope a todos.

La opulencia resultante de un enriquecimiento escandaloso es notoria en no pocos gerentes públicos, con categorías que van desde ministros hasta empleados de tercera categoría.

Es de conocimiento público que el robo al erario suele hacerse como caminar sobre el agua. Sin dejar huella alguna. Aunque a unos cuantos se les va la mano y las embarran. No obstante, sus glorias y milagros marcan un pronunciado desbalance a la hora de pasar cuenta por daños cometido contra la sociedad y el Estado.

Que un individuo humilde, pobre de solemnidad, salte de la cola de un motor a los mullidos asientos de un helicóptero propio en apenas cuatro años es algo que no necesita ser documentado para probar un acto de peculado.

Es un fenómeno que explica el inusitado interés que la actividad partidista despierta en la población, sobre todo en los jóvenes. Las elecciones de medio término del año entrante son una puerta abierta a esas posibilidades. Ese espectáculo continúa.