Si los partidos políticos formaran a sus dirigentes en áreas tan importantes como economía y ciencias sociales, no veríamos a cada momento a legisladores haciendo el ridículo en las sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Si no fuera por diputados que piensan más en su ego que en la realidad del país, el Senado no tuviera en agenda un proyecto de ley que a todas luces en inviable en la actuales coyunturas económicas mundial. Se trata del que procura devolver el 30% de los ahorros de los trabajadores que están en los fondos de pensiones.

Pedro Botello, quien tomó la iniciativa del proyecto, y con el cual logró su reelección como legislador, actúo sin el más mínimo sentido de responsabilidad ante el país, y todavía sigue haciéndolo al insistir en movilizar personas en medio de una pandemia que ha matado a casi 2 mil dominicanos.

Se está aprovechando de las necesidades de la gente para hacerse el gracioso, a sabiendas de que en este momento lo viable es que el Gobierno asuma el costo de la crisis económica y sanitaria y los trabajadores.

Pero parece que no entienden y por eso Botello, y otros que actúan a la sombra, parecen no advertir que lo que están logrando es predicar en el desierto, ya que ha quedado suficientemente demostrado que tal iniciativa es contraproducente, incluso para los propios intereses futuros de la clase trabajadora.

Ha quedado más que comprobado con exposiciones y argumentos muy claros y convincentes, que la propuesta de disponer para ese fin del 30 por ciento de los fondos de las AFP es una engañifa impulsada por quienes enarbolan una supuesta preocupación por la suerte de la clase trabajadora, cuando en realidad sólo persiguen intereses particulares y proyección personal.

Los sectores más sensatos estiman que una reforma integral del sistema con la participación de todos los agentes sociales es la alternativa prudente, provechosa y razonable, desoyendo las voces de quienes tratan inútilmente de presentarse como representantes de los trabajadores, a quienes tratan de confundir, cuando la realidad es que la pretendida iniciativa legislativa lo que lograría es ponerlos a asumir el costo de la crisis sanitaria, cuya responsabilidad compete únicamente al Estado.

Por: José Antonio Torres
josetorres60@hotmail.com