La decisión del Colegio Médico (CMD), asociaciones de Clínicas Privadas (Andeclip) y de Sociedades Médicas, de suspender las consultas y procedimientos electivos a los pacientes de una Administradora de Riesgo de Salud (ARS), agrava un conflicto que afecta muy negativamente el sagrado derecho a la salud.

El CMD y los centros asistenciales reclaman que sean revisadas las leyes que rigen el sistema de seguridad social, la actualización del Plan Básico de Salud, de las carteras de servicios de especialidades y de las tarifas por procedimiento médico y quirúrgico, así como la puesta en vigencia del sistema de atención primaria.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) se ha ofrecido como mediadora a los fines de activar el diálogo entre médicos, clínicas y ARS, para no afectar los derechos de los afiliados, quienes, por muy justos que sean los reclamos, no merecen que les cierren en sus narices las puertas de los consultorios.

Se ha dicho que las empresas administradoras de riesgo de salud no cumplen con estándares mínimos en pago de honorarios por consultas médicas, internamiento y procedimientos quirúrgicos y que unilateralmente excluyen o niegan inscripción a médicos y clínicas en sus listados de prestadores de servicios.

De los médicos y clínicas se afirma que no aceptan pacientes de determinadas ARS o de ninguna, lo que también viola el derecho universal a recibir servicios de salud basado en un contrato confluyente entre galenos, centros asistenciales y ARS.

Los 300 pesos que pagan las ARS en el Plan Básico de Salud por una consulta médica es un monto irrisorio, como injusto es el cobro de 2,500 pesos que exigen no pocos galenos negados a aceptar pacientes con seguro médico, por lo que se requiere la rápida intervención del ente regulador para corregir tales irregularidades.

El bloqueo decretado por el Colegio Médico, clínicas y asociaciones de especialidades médicas contra una administradora de riesgos labores, podría extenderse a otras empresas del sector con las que persisten similares discrepancias, lo que equivaldría a impedir servicio de salud a miles de pacientes en todo el territorio nacional.

Lo mejor sería que las partes en conflicto acojan la oferta mediadora ofrecida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, aunque también se señala que el Estado tiene la obligación de garantizar adecuados servicios de salud para todos los ciudadanos. O una cosa o la otra.