En el juicio ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo), el Gobierno ha enarbolado, como medio de defensa, la peregina tesis de que el educador y periodista se suicidó o pudor haberlo hecho por el supuesto estado depresivo en que se encontraba. La verdad es que sin que se haya localizado el cadáver o testigos que confirmen que Narcisazo se lanzó desde un avión cuesta aceptar cómo se puede sustentar una tesis tan débil. De la ridícula afirmación, basada en referencias que no han contribuido siquiera a ubicar el cadáver, lo único que se desprende es que el caso no ha sido lo suficientemente investigado o que se protege a alguien. El Gobierno hubiera quedado mejor parado al admitir que no ha hecho todo lo necesario para aclarar una desaparición a la que desde el principio se colocó la etiqueta de crimen político que exponer una tesis tan baladí como la del suicidio. Desde el 26 de mayo de 1994 cuando se denunció su desaparición a la fecha no se ha dado siquiera con el rastro. ¿Cómo entonces pudo suicidarse y a la vez desaparecer el cadáver? De haberse incinerado a lo bonzo, que tampoco es el caso, hubiera aparecido algún testigo creíble que diera cuenta del suceso. Tras dejar pasar el tiempo, el Gobierno, que pensaba que el caso se diluiría como cualquier escándalo, jamás pensó que el Estado sería sentado en el banquillo de los acusados. La tesis del suicidio no es el único recurso cuestionable. También el ominoso esfuerzo de última hora por invalidar un proceso y sofocar un clamor para que se conozca la verdad y se condene a los responsables de la desaparición del educador y periodista. Pedir que se rechace la demanda sobre desaparición forzada es, además de fomentar la impunidad, restregar el dolor y la herida a una viuda y unos hijos que en 17 años no se han cansado de clamar justicia.

