La unanimidad nunca me ha gustado, porque huele a dictadura. La democracia existente en un país donde la disidencia es limitada o imposible, no es democracia. Es, simplemente, una caricatura del régimen político que concibieron los antiguos griegos.

En la unanimidad no hay discrepancia, requisito indispensable para que haya democracia. Hay quienes quieren hacernos creer que la unanimidad es consenso, descrito como un “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE)
Obsérvese bien que habla de “grupos”, no del pueblo. El hecho de que dos o tres grupos logren la unanimidad para hacer tales o cuales cosas no significa que el resultado sea fruto de la voluntad popular.

En el país se hacen cosas bajo el argumento de la unanimidad o del consenso, generalmente fundamentándose en que es “el deseo del pueblo”. Se modifica la Constitución para permitir la reelección presidencial. Mediante pactos políticos entre sectores oficialistas, se permitirá repetir en sus cargos a muchos de los actuales legisladores y alcaldes, en perjuicio de quienes legítimamente, en un régimen democrático, tienen derecho a ello.

Esto es independientemente de que el Gobierno o el Partido controlan las altas cortes, la Junta Central Electoral, el Congreso y todo un conjunto de instituciones, lo que tiende a una unanimidad peligrosa, que podría dejar campo libre a una dictadura.
Se dirá que somos alarmistas, pero eso mismo decían en 1930 cuando muchas voces se alzaron para denunciar que Trujillo instauraría una tiranía, como en efecto sucedió.

Si bien no pertenezco a aquella generación de 1930, que por una razón u otra permitió el entronizamiento de una tiranía, puedo decir que me preocupa que todas las instituciones que componen la democracia estén en manos de un Partido que, según su líder, podría gobernar hasta el año 2044.

Es preocupante también que la Junta Central Electoral (JCE) mantenga un muro que impide el reconocimiento de movimientos y partidos políticos de la oposición, cuando estamos a ley de diez meses para elegir una nueva administración.

Preocupa aún más que se advierte una creciente compra de conciencias, con dinero del Estado por supuesto, mediante nominillas, contratas graciosas, regalías, prebendas y empleos fantasmas, con el propósito de que los beneficiarios expresen su lealtad al candidato reeleccionista.

Con la democracia no se juega, porque a la corta o a la larga, los pueblos no solo insisten en reclamar sus derechos, sino que algunas veces lo hacen de una forma que afecta a todo el mundo.