Guayaquil (Ecuador).- Las fuerzas de seguridad ecuatorianas detuvieron a 131 personas durante la segunda jornada del toque de queda nocturno, que concluyó esta madrugada y que rige en cuatro provincias donde se registra un alto índice de violencia, atribuido por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales.
Del total, 112 personas fueron capturadas por violar la restricción de movilidad impuesta entre las 23:00 y 05:00 hora local (04:00 y 10:00 GMT) en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Otras 15 fueron detenidas por diferentes delitos y cuatro más por tener boletas de detención vigentes.
Solo en Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor número de delitos del país, se realizaron 34 allanamientos y se detuvieron a nueve personas, incluido un menor de edad, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Operativos y decomisos
Durante las operaciones se decomisaron 14 armas de fuego, 603 municiones, 638 dosis de droga, cuatro vehículos robados, quince motocicletas robadas y prendas similares a las usadas por los militares.
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- Además, se desarticuló un supuesto centro de monitoreo.
El ministro indicó que estas acciones afectaron a los grupos criminales Tiguerones, Águilas, Latin King y Chone Killers, vinculados a robo de vehículos, tráfico de armas y drogas, extorsión, secuestro y sicariato.
Contexto del toque de queda
El toque de queda comenzó el pasado domingo, como parte de una “nueva fase” de la guerra contra los grupos criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa ante el aumento de la violencia, que ha colocado al país a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios.
Solo en 2025 se registraron 9.235 asesinatos, un récord histórico en Ecuador, según cifras oficiales. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo y durante las horas de restricción solo podrán circular militares, policías y personal sanitario de emergencia. Cualquier otra persona en la calle sin autorización, incluidos periodistas, podrá ser arrestada.
De manera paralela, el Gobierno asegura que ejecuta operaciones militares contra la minería ilegal en zonas fronterizas con Perú y Colombia, lo que generó tensiones con este último país, pues el presidente Gustavo Petro denunció bombardeos desde Ecuador, situación que Noboa ha negado.
