Es evidente que en la República Dominicana los problemas crecen, en lugar de disminuir. Crece la pobreza, la corrupción, la delincuencia, el endeudamiento externo, las presiones extranjeras y toda una larga lista que sería prolijo enumerar.

Crecen también las voces que claman por la reelección del Presidente Medina, pura y simple, en medio de un torbellino mediático que involucra a su organización, el PLD, en graves actos de corrupción durante la administración anterior.

En vista de la alta popularidad de las encuestas del Presidente, muchos creen que la reelección es la panacea a nuestros males, cuando todos sabemos lo dañina que es a los intereses del pueblo dominicano, como lo demuestra nuestra turbulenta Historia.

Es por tal razón que hemos dicho y reiterado que lo que procede es que una Asamblea Constituyente modifique la Constitución y extienda por dos años más el período constitucional, sin reelección para el Presidente y el Vicepresidente.

Pero hay algo más: esa Constituyente, de formarse, podría aprovechar para enfrentar y decidir, por el voto mayoritario del pueblo, si quiere o no lo que proponemos; si considera válidas y justas las decisiones del Tribunal Constitucional relativa a los manejos del llamado “problema haitiano”; si es o no determinante que el país siga endeudándose y si hay o no la necesidad de modificar el Código Penal y cuantas leyes sean necesarias para enfrentar con vigor la corrupción y la delincuencia.

En lo que se refiere a esto último —corrupción y delincuencia— hay quienes usan una retórica trasnochada para decir que las acusaciones contra un senador e incluso el ex Presidente, son por motivos políticos. Incluso, hay quienes han ido más lejos al decir que lo del senador es “porque es negro”.

Eso no es cierto, porque el record archivado dice que, en el pasado, los llamados “blanquitos y ricos” sí han sido procesados y condenados por corrupción, fraude y otros delitos. Solo basta mencionar los casos del ex presidente Jorge Blanco y unos cuantos banqueros. Esto comprueba que ex Presidentes y sus socios han recibido el peso de la Ley, por sus actos punibles contra el erario público y privado, lo que echa por tierra el argumento de que aquí solo los pobres y los negros caen presos por robo.

La Junta Central Electoral, que tanto recursos utiliza en asuntos que podrían considerarse “no prioritarios”, debería disponer de una partida para organizar una Constituyente, para que sea el pueblo que directamente busque las soluciones a sus problemas, en lugar de que lo hagan algunos políticos que siempre nos han engañado.