MONTEVIDEO. El gobierno de Uruguay confirmó esta semana que recibirá ayuda financiera de una organización no gubernamental anticigarrillo de Estados Unidos para hacer frente a la primera fase de su litigio contra la tabacalera Philip Morris International (PMI).

PMI, que tiene sede en Suiza, demandó al Estado uruguayo por considerar que algunas de las medidas que adoptó el país sudamericano en su lucha contra el tabaquismo violan un tratado de promoción y protección de inversiones que firmaron Uruguay y Suiza en 1998.

En marzo, la empresa presentó su acusación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo dependiente del Banco Mundial que resuelve este tipo de cuestiones.

Las políticas que critica la tabacalera fueron implementadas en marzo de 2009 por el entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, un oncólogo de profesión. Las medidas aplicadas incluyen la prohibición de vender una misma marca de cigarrillos a través de diversas presentaciones.

Así, se vedaron los cigarrillos «light», entre otras versiones, lo que significó para PMI retirar del mercado siete de los 12 productos que vendía en Uruguay.

También se ampliaron los tamaños de los pictogramas y advertencias que figuran en las cajas de cigarrillos, que pasaron a ocupar el 80% de la superficie del envase.

Para PMI, se le está dando «un trato injusto» a su empresa: «Creemos que la eliminación arbitraria de las marcas no ha servido a los objetivos de salud pública y, en cambio ha llevado a los consumidores a cambiar por marcas locales o de contrabando», dijeron a BBC Mundo fuentes de Abal Hermanos, la filial local en Uruguay.

La tabacalera trató de llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno de José Mujica (que asumió en marzo), para flexibilizar las medidas antitabaco, algo que fue duramente criticado por el saliente mandatario, Vázquez.

Finalmente las nuevas autoridades uruguayas decidieron mantener sus políticas e incluso han advertido que podrían profundizar las medidas tomadas hasta ahora, como señaló el canciller Luis Almagro.