El vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), licenciado Miguel Franjul, dijo que la eliminación de la cláusula que despenaliza el delito de prensa en el país, fortalece el ejercicio del periodismo independiente.

Al hablar ayer en la reunión de medio año de la SIP, que inició ayer en Panamá, el también director del Listín Diario sostuvo que la decisión de los legisladores contribuyó a darle un impulso a los esfuerzos de la prensa independiente en República Dominicana.

Explicó que después de una larga lucha librada por los medios de comunicación para desmantelar las cláusulas legales que penalizaban los llamados «delitos de prensa», el Congreso Nacional aprobó en noviembre de 2014 un nuevo Código Penal que suprime esos tipos penales, dando así un impulso a los esfuerzos de la prensa independiente para lograr que se declaren inconstitucionales varios artículos de la ley de expresión y difusión del pensamiento que, en los hechos, preservan un régimen paralelo de sanciones en los casos de difamación e injuria.

Sostuvo que mediante el nuevo código, quedan suprimidos los llamados «delitos de lesa majestad» que se aplicaban a la prensa en los casos de difamación o injuria contra el jefe del Estado, los funcionarios públicos y agentes diplomáticos, los magistrados de las cortes de justicia y tribunales o los presidentes o soberanos de otras naciones.

Afirmó que en el nuevo Código Penal solo queda normada la difamación que se da fuera de los medios de comunicación, pura y simple, lo mismo para los funcionarios que para los ciudadanos, aunque todavía prevalecen sanciones y multas en la ley especial que regula la libertad de expresión, las cuales están siendo impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

Indicó que la Fundación Institucionalidad y Justicia dijo que es preciso que estas cláusulas sean eliminadas, para que estén en concordancia con lo que postula la Constitución de la República del año 2010, ya que mientras la ley especial establece un sistema de cascada que culpabiliza a los directores de los medios de cualquier difamación o injuria provocada por terceros la Carta Magna indica que nadie es responsable por los delitos de otros y, además, prohíbe la censura previa.