El licenciado Faustino Jiménez, ex director del Instituto Nacional Azucarero, dijo que las acusaciones reiteradas del sacerdote Christopher Hartley en contra de la industria azucarera dominicana han coincidido con otros hechos extraños.
“Ahora es el DR-Cafta – porque se está aplicando en la República Dominicana. En el año 2005 hacía las mismas acusaciones falsas como las que se llevaron a cabo en enero de ese año en el periódico Nuevo Herald y el Noticiero Univisión de Miami. Todas esas falsas denuncias coincidieron extrañamente con acciones criminales, como la quema de grandes extensiones de caña ejecutada por sectores inescrupulosos en todo el país. Como resultado de esos actos entre febrero y julio del 2005 fueron quemados 2,699 campos con 207 mil tareas de caña”, dijo.
Afirmó que como resultado de ello, “se quemaron 622 mil toneladas cortas de caña de las cuales sólo pudieron ser aprovechadas unas 295 mil toneladas cortas de caña para un 47 por ciento. Como resultado de todo esto las pérdidas económicas alcanzaron los 355 millones de pesos”.
Jiménez, quien preside la Fundación Pro Defensa de la Industria Azucarera dijo que “más tarde en el 2009, una extraña explosión de una caldera en el Ingenio Cristóbal Colón ocasionó varias muertes y heridas graves a empleados y trabajadores, provocando el cierre del Ingenio durante dos meses y pérdidas económicas por 135 millones de pesos por concepto de pago de nómina al personal, durante dos meses sin trabajar, costo de reparación y la reposición de la caldera que quedó en estado inservible. La compra de una caldera nueva para reponer el siniestrado costo RD$60.0 millones”.
Dijo que como parte de esa cruzada del señor Hartley contra el país otro ejemplo que confirma esto, “lo constituye el hecho de que una vez comenzó el país a exportar azúcar a la Unión Europea entre el 2008 y el 2009 viajó al Reino Unido para visitar a State Lyle una de las empresas en Europa compradora de azúcar del país para acusar ante esa compañía lo que para él es azúcar producida con “mano de obra esclava proveniente de Haití”.
Además, dijo, acusó a la República Dominicana de “violar los derechos laborales de los trabajadores de la industria azucarera” pero no sólo ante la empresa importadora de azúcar dominicana; sino en toda Europa incluyendo sus organismos de dirección. En esa ocasión la empresa State Lyle no le dio crédito a las denuncias del ex-sacerdote, como tampoco lo hizo Francia.
Para Jiménez las acusaciones contra el país formuladas por el señor Hartley en el ya mencionado documento publicado en Estados Unidos en el 2011, no son nuevas, son reiterativas sin que hayan sido comprobadas nunca por las comisiones del Gobierno y del Congreso de Estados Unidos.
“Todas estas violaciones solo existen en la mente del denunciante. Y lo hace en el plano internacional para cotizarse más alto ante las entidades que les pagan. Sus denuncias no pasan de ser eco para denunciar sin ningún fundamento. Es una forma de trabajo y por ello cobra. Pero de ahí no pasa”, dijo Jiménez.
