La recién aprobada Ley de Reforma Policial tiene, por lo menos, cinco puntos que obligarán al Tribunal Constitucional a decretar su inconstitucionalidad, entre ellos uno que afecta la seguridad jurídica de los generales activos, según afirmó este martes el Foro de Juristas por la Democracia Constitucional.

Cándido Simón, coordinador general de la entidad, dijo que la citada ley fue estudiada por esa institución y que se determinó que es contraria a la Constitución de la República en el aspecto que respecta al régimen de desmonte de los actuales generales activos.

Esto así, según explicó, porque afecta la seguridad jurídica de los generales al aplicarles en la ley una nueva situación jurídica consolidada

Sostuvo que dicha Ley también es contraria a la Constitución y desproporcional en lo referente al régimen de ascenso, porque para llegar a general desde raso hay que durar 70 años.

Simón declaró que los 25 años mínimos de servicios permanente en la Policía como condición para ser director, también es inconstitucional porque los que fueren cancelados en violación a la ley orgánica y después de un tiempo fuera que sean reintegrados por sentencia del Tribunal Constitucional, que es vinculante, no calificarían según la nueva ley porque no estuvieron durante ese tiempo en servicio.

“Pero también, el sistema de apelación de la sanción disciplinaria de los oficiales superiores por faltas graves es inconstitucional porque las conocerá el mismo Ministro de Interior que presidió el Consejo Superior Policial que la dispuso, haría de especie juez disciplinario para conocer la impugnación de una decisión donde ya participó”, observó Simón.

Manifestó que, además es contraria a la Constitución, porque en dicha Ley, el director de Asuntos Internos y el Inspector General de la Policía harían de especie de juez y parte al formar parte con voz y voto del Consejo Superior Policial en función disciplinaria para juzgar las faltas de los oficiales que ellos mismos hayan investigado y sometidos.

“La ley no establece un catálogo de derechos de los y las policías que aunque su función es de adhesión a las normas institucionales sin deliberación, esto no puede afectar su condición constitucional de ciudadanos, la ley les obliga a todo con derecho a nada”, concluyó Simón.

Finjus

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, opina lo contrario y dice que la Ley representa un verdadero hito en los esfuerzos del Estado dominicano.

70 años.