La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene paralizados los interrogatorios a exfuncionarios contra los que se habían presentado denuncias por la supuesta comisión de actos de corrupción.
El órgano persecutor del crimen se encuentra centrado en el desmantelamiento de redes dedicadas al crimen organizado, como narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos y estafa, así como a darle seguimiento a los casos de corrupción administrativa que ya están en los tribunales.
Según una fuente ligada a la investigación, al Ministerio Público le hace falta fiscales para dar respuesta a la cantidad de casos que ha sido apoderado, ya que los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho tienen mucha carga de trabajo, por lo muchas veces salen de la PGR en horas de la madrugada preparando medidas de coerción.
Organizaciones populares y de la sociedad civil han solicitado a la Procuraduría General de la República retomar las investigaciones contra exfuncionarios de la pasada administración y de la presente, que han desfalcado al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
El Frente Amplio de Luchas Populares El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) es una de las organizaciones populares que demanda del órgano acusador profundizar las investigación contra los exfuncionarios Donald Guerrero, Simón Lizardo, Iris Guaba, Yocasta Guzmán, Carlos Amarante Baret, Diandino Peña, Temístocles Montás, Berlinesa Franco, Robert de la Cruz y contra la exministra de la Juventud de esta administración Kimberly Taveras.
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También contra el diputado nacional Radhamés Camacho, el senador Félix Bautista, la exdiputada Lucía Medina, el actual alcalde del municipio de Pedro Brand, Wilson Paniagua, y el suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero.
Además, los pasados miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas Hugo Álvarez Pérez, Pedro Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez, así como Henry Bautista Santana, exdirector de Auditoría de esa institución.
En los últimos meses, además de los casos anteriores, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) está centrada la investigación de exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), sobre presuntas irregularidades cometidas en su gestión en la contratación de suplidores para el almuerzo escolar.
Cecilio Rodríguez ha sido interrogado en varias ocasiones con respecto a la supuesta mafia instaurada con el desayuno escolar.
Organizaciones de la sociedad civil esperan respuesta del Ministerio Público sobre las denuncias de corrupción que se han presentado contra servidores públicos que se han enriquecido con el dinero de erario, el cual debió ser utilizado para mejorar servicios públicos esenciales como salud, educación y en los planes sociales.
