Tres periodistas determinaron que la Constitución de la República es violada constantemente en el país, por el incumplimientos con los derechos fundamentales de los ciudadanos, niñas y niños, por la crisis en los seervicios de salud, educación y la aplicación de justicia, así como con la explotación del trabajo infantil.

Las violaciones a la Carta Magna promulgada el 26 de enero del 2010 son establecidas en un trabajo de investigación realizado por los comunicadores Silvio Cabrera, Luis Cárdenas y Pedro Castro, que estuvo basado en las violaciones a los derechos ciudadanos.

Según establecieron, los derechos fundamentales como la inviolabilidad de la vida, la seguridad ciudadana, libertad de asociación, violaciones a la intimidad, así como las fichas policiales y de la DNCD, los derechos de la niñez y la violencia intrafamiliar, son simples y meros enunciados consignados en la nueva Carta Magna.

La investigación fue presentada como trabajo final en el diplomado Constitución: Derecho Fundamental y Comunicación Social, donde concluyeron que el Estado y la Justicia no cuentan con los mecanismos necesarios e ideales para garantizar el cumplimiento de esos derechos.

En el trabajo final del diplomado, impartido en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), auspiciado por el Tribunal Constitucional y el Colegio de Periodistas, los comunicadores precisan que los procesos judiciales, al igual que en el pasado, tardan años para sus conocimientos y la emisión de una sentencia definitiva.

Como forma de demostrar que en el país se sigue aplicando una justicia tardía, pusieron como ejemplo los casos Bahía de Las Aguilas, llevado a la justicia el 30 de junio de 1997; el asesinato del técnico de aviación Angel Christopher Martínez, ocurrido el 11 de julio del 2009; el asesinato del periodista Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975 en donde se hizo justicia después de más de 20 años de su muerte ocurrida el 17 de marzo de 1975, y el asesinato del periodista Gregorio García Castro, el 28 de marzo de 1973, sin que aún haya una sentencia definitiva.

En lo que respecta a la inviolabilidad de la vida, sostienen que ese derecho, consignado en las dos Constituciones, no se cumple debido a que el año pasado más de 400 personas murieron en los llamados intercambios de disparos según las estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras que las Estadísticas del Instituto Nacional de Patología Forense, indican que en el 2012 se produjeron 2 mil 218 autopsias de las cuales mil 478 fueron a causa de la violencia.

Las fichas policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas es una vieja práctica violatoria a la Constitución y las leyes.

Sin que se establezca su responsabilidad con el hecho imputado, ni que haya adquirido una sentencia con el carácter de la cosa irreversiblemente juzgada, la Policía y la DNCD fichan y presentan a los medios de comunicación a los inculpados a pesar de que está prohibido por la Constitución.