Cientos de funcionarios, algunos de manera personal y otros a través de mensajeros, depositaron su declaración jurada de bienes al vencerse hoy el plazo otorgado para que cumplan con la ley 311-14, que les exige declarar su patrimonio al asumir y dejar un cargo público.
El plazo fue anunciado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el pasado día 15, quien advirtió que quienes no lo hicieran antes del 30 de este mes, serían excluidos de la nómina estatal y considerados renunciantes.
Muchos hacían filas para depositar sus documentos en la Cámara de Cuentas, a donde acudieron personas de diferentes puntos del país.
Muchos enviaron su declaración a través de mensajeros, algunos de los cuales provenían de pueblos cercanos como San Cristóbal y Boca Chica.
El doctor Rafael Alburquerque, director del hospital de San José de Los Llanos, en San Pedro de Macorís, llegó bien temprano al edificio El Huacalito, para depositar sus papeles.
Mientras, María Esperanza Cuevas, directora del hospital de La Descubierta, en Jimaní, en el sur del país, también acudió temprano al lugar para hacer su declaración.
“Vine para entregar mis documentos”, dijo Cuevas.
Reporteros de El Nacional trataron de obtener datos sobre el proceso en el Departamento de Acceso a la Información del organismo, pero no había llegado personal a las 9:00 de la mañana.
La Cámara de Cuentas remitió una lista con cuatro mil 727 funcionarios que hasta el 4 de noviembre no habían cumplido con la ley 311-14.
Sin embargo, el tesorero nacional, Alberto Perdomo Piña, aclaró que solo quedaban pendientes 61 incumbentes por declarar.
Explicó que la mayoría de esas personas pertenece a otros poderes.
