El interrogatorio que jueces de la Suprema Corte de Justicia practicaron a la magistrada que concedió libertad mediante garantía económica a la hoy prófuga o desaparecida Sobeida Féliz Morel, constituye un funesto precedente que vulnera la independencia judicial.

La jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, licenciada Rosanna Vásquez, dispuso la libertad mediante garantía económica de Féliz Morel, en soberana interpretación y aplicación del Código Procesal Penal.

Esa magistrada actuó conforme al derecho a acoger como bueno y válido un recurso de revisión elevado por la impetrante, quien solicitó variar una primera medida de coerción de prisión preventiva, por el de libertad bajo la prestación de una fianza.

Los recursos constituyen la única vía legal para atacar la sentencia de la jueza Vásquez, como al efecto lo hizo el Ministerio Público al recurrir esa decisión por ante la Tercera Sala de la Cámara Penal, cuyos jueces revocaron la sentencia de marras.

Tal parece que la Suprema Corte de Justicia ha tenido una recaída ante la avalancha de presión o críticas contra la decisión de esa jueza y de nuevo ha confundido veneno con remedio.

Lo peor que le puede suceder al orden judicial y al precario espacio democrático es que los jueces cedan ante presiones de sectores políticos, religiosos, oficiales o mediáticos.

Más grave aún sería que el Pleno de la Suprema Corte sirva de cordón umbilical para canalizar ese tipo de censura, que hoy se expresa con una pretendida lapidación a una jueza que ha pedido que se investigue sus cuentas bancarias y su trayectoria en el Poder Judicial.

La Ley de Organización Judicial concede al juez plena independencia en sus decisiones, por lo que causa preocupación un anuncio atribuido al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, de que se elaborará un instructivo para señalarles a los jueces cómo proceder cuando se trate de aplicar medidas de coerción.

Se aconseja desmantelar las cortes públicas que ahora juzgan a jueces.