La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional continuó hoy citando para el 4 de julio a las partes ligadas al recurso de apelación interpuesto por condenados del caso Odebrecht y por el Ministerio Público.
Los actos de citación para la audiencia pautada para el 4 de julio fueron notificados por el alguacil de estado de la citada sala del tribunal de alzada.
El tribunal, presidido por el magistrado Pedro Sánchez e integrado por los jueces Daniel Nolasco, Nancy Joaquín, July Tamarís y Daira García, fijó la audiencia del caso Odebrecht para las 10:00 de la mañana.
Los recursos fueron incoados por los empresarios Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, el primero condenado a ocho años de prisión y el segundo cinco años, por los US$92 millones de sobornos que admitió Odebrecht haber distribuido en República Dominicana para agenciarse la adjudicación de contratos de obras del Estado.
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El Ministerio Público también apeló la decisión contra Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, este último descargado.
El 14 de octubre del pasado año, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron, además, a Rondón y Díaz Rúa al pago de multas de 200 salarios mínimos, las costas penales del proceso y dispuso el decomiso de una serie de bienes que acumularon producto del enriquecimiento ilícito.
Las juezas ordenaron el decomiso de las sociedades Lashan Corp y Contratista Conansa SRL, así como todos los bienes, muebles e inmuebles y los productos financieros que registran entidades de intermediación financieras y de valores nacionales y extranjeras a su nombre.
Igualmente, ordenaron el decomiso, en favor del Estado dominicano, de bienes del imputado Díaz Rúa, incluyendo un inmueble en el complejo Casa de Campo, La Romana, el yate Balbie.
Los procesados fueron acusados de violar la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
En tanto que el tribunal descargó a Conrado Pittaluga, el exsenador Tommy Galán, y el exfuncionario Juan Roberto Rodríguez y el exsenador Andrés Bautista García, a quienes ordenó el cese de las medidas de coerción en su contra.
