La publicación en las redes de la denuncia de una joven mujer, madre de hijos con necesidades especiales, sobreviviente de violencia, denunciando el camino tortuoso que ha tenido que seguir desde hace siete meses, en calidad de revictimada, motiva este artículo de hoy.

Probablemente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otros indicadores, desdibujen el perfil tradicional de las mujeres que sufren violencias por su condición de mujeres y cada vez más ellas exijan del sistema lo que les corresponde: atención puntual y especializada, establecida en el contexto de la experticia que, servidores y servidoras, han de tener.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Ruta Crítica como el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres, como así también las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones cuando deciden romper el silencio ante una situación de violencia de género. Y en nuestro país, la denuncia en las Unidades especializadas del Ministerio Público es el punto de partida de esta ruta en la justicia que aporta a la resiliencia de la mujer, por sentirse acompañada, escuchada, no juzgada y protegida, es decir, resarcida.

Pero existe una falta de formación sobre el fenómeno de estas violencias en quienes operan en la justicia que, de manera directa, impacta negativamente en las víctimas cuando acceden para que se las reivindique, favoreciendo el abandono del mismo y además, la impunidad y la reincidencia.

El reconocimiento del fenómeno de la violencia contra las mujeres no se resuelve con cursitos y talleres acerca del impacto producido, necesita una profundización y amplitud que explique su complejidad y, sobre todo, que quien opera en la justicia tenga la posibilidad de desmontar los niveles personales de su propio enfoque prejuiciado, estereotipado y lleno de mitos.

Quienes apoyan un proceso en el sistema de la justicia, deben tener conciencia de que, su trabajo se fundamenta en el respeto a los derechos humanos de la víctima, no es un “favor” que están haciendo. Que un/a agente de servicio en el sistema, no está para juzgar a la víctima, encasillándola en las propias estrecheces socioculturales de ese/a agente.

Las intervenciones públicas de mujeres víctimas denunciando situaciones de revictimización tiene que poner a pensar a quienes administran el Estado dominicano para entender que es un problema grave en el país y que, el presupuesto nacional, debe incluirlo.

Porque la calificación, protección y respuesta calificada para proteger y prevenir, cuesta.