Manifestantes que exigen servicio de agua para Sabana Iglesia cerraron la válvula de toma de la presa de Tavera para impedir que llegue el líquido a Santiago y Moca, mientras que otra multitud causó un taponamiento de dos horas en la autopista Duarte, en reclamo de protección a Loma Miranda.

Quienes dirigieron o participaron en esas acciones de desenfreno olvidaron a conveniencia la sabia expresión del mexicano Benito Juárez, de que el respeto al derecho ajeno es la paz y, por el contrario causaron daño o perjuicio a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con sus protestas.

Las autoridades han calificado como acto de delincuencia y terrorismo la inhabilitación de la válvula de toma de la presa de Tavera que dejó sin agua a decenas de barrios de los municipios de Moca y Santiago, cuyos residentes no tienen culpa de la sequía que afecta a la zona.

A las instituciones comunitarias de Sabana Iglesia les asiste derecho a reclamar reanudación del suministro de agua, más aun si el embalse Tavera se ubica en ese municipio, pero a lo que no tienen derecho es a impedir que otras poblaciones reciban el servicio.

Cinco sacerdotes que encabezaron la multitud que obstruyó el tránsito por la autopista Duarte en el tramo Bonao- La Vega, se arrogaron derecho y autoridad de dañarles el día a miles de ciudadanos que se desplazaban en vehículos por esa vía.

¿Acaso invocar un reclamo otorga patente para violar la ley y causar serios perjuicios a la ciudadanía? ¿Qué poder divino confiere autoridad a sacerdotes para violentar elementales normas de convivencia terrenal?

Lo menos que se exige es que las autoridades sirvan de salvaguarda de los derechos de la ciudadanía para lo que se requiere el cumplimiento del principio jurídico de: quien causa un daño está obligado a repararlo y quien viola la ley se hace reo de la justicia.

Más sicariato

El corresponsal de El Nacional en San Francisco de Macorís, Pedro Fernández, ha salvado la vida en forma milagrosa, al sobrevivir a un atentado perpetrado por diez sicarios que le tendieron una emboscada y dispararon a mansalva contra el vehículo que conducía.

Fernández atribuye la agresión a gente del narcotráfico, que hace dos semanas lanzaron tres bombas lacrimógenas contra su residencia.

Las autoridades no deberían esperar que se cumpla el cometido de asesinarlo. Ante la gravedad de los hechos están obligadas a realizar una exhaustiva investigación y dar a conocer los resultados.