Una reflexión compartida por mi querida amiga Myrna Flores, nos recordó una de las violencias estatales contra las mujeres, a partir del servicio de salud, mas ignorada en nuestro país. Se trata de “Las secuelas de la violencia obstétrica”, de la médica especialista española Ibone Olza Fernández, publicado en 2013, que describe este flagelo como una rutina en la práctica médica muy frecuentemente aplicada.
Para la Dra. Olza Fernández, el parto puede ser uno de los peores traumas para las mujeres y refiere diversos estudios realizados en diferentes países que señalan una alta prevalencia de síntomas de estrés postraumático a partir del parto, e invoca la definición establecida del parto traumático, como aquel en el que hay un peligro real o amenaza vital para la madre o para su bebe. Una experiencia para la mujer que se acompaña de miedo, indefensión y terror, dice Olza Fernández.
En los sistemas públicos y privados de salud, en los países investigados y citados por la especialista española, muchas son las mujeres que refieren haber sido tratadas “de manera deshumanizada, irrespetuosa y descuidada, utilizando palabras como bárbaro, invasivo, terrible y degradante, para describir las acciones.
Si preguntáramos a las dominicanas que dan a luz, acerca de sus experiencias en el momento del parto, en las diferentes maternidades y hospitales del país o en las clínicas privadas, ¿que nos responderían? No es muy difícil adivinar las respuestas de dolor en una realidad como la nuestra, donde la práctica médica, sobre todo pública, deja mucho que desear aún en obstetricia y ginecología.
De acuerdo a la española, entre las razones que llevan a los y las profesionales que atienden partos a ejercer la violencia obstétrica, resaltan estas razones:
• La falta de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales y sexuales del parto.
• El personal del parto que tienen un síndrome de burnout generan un trato aún más deshumanizado con lo cual las cifras de mujeres que sufren partos traumáticos pueden seguir aumentando indefinidamente.
La propuesta de Ley de salud sexual y salud reproductiva, así como la Ley especial contra la violencia hecha a la mujer, ya en el Congreso Dominicano, contemplan la violencia obstétrica como un delito penal a castigar, y su promulgación urge en un país agobiado por las secuelas emocionales de todo tipo.
En este 2015, es de esperar que el Ministerio de la Mujer y el de Salud Pública, junto a la sociedad civil organizada e independiente, presionen al congreso dominicano para que la violencia obstétrica se haga visible.