República Dominicana se mantiene como una sociedad con elevado índice de violencia que se expresa en el aumento de homicidios acaecidos durante el periodo enero-octubre de 2022, que ascendieron a 1,339, en relación a los 1,100, registrados en 2021.

Estas sombrías estadísticas revisten particular importancia porque provienen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de la Policía Nacional, contenidas en el informe anual de la Procuraduría General de la República, señal de que se corresponden con expedientes cursados en tribunales de justicia.

La cantidad de muertes violentas se incrementará cuando se agreguen las perpetradas durante el último trimestre del año pasado, que siempre será significativamente mayor a las de 2021, con el agravante de que los homicidios son muy frecuentes en 2023.

En menos de una semana se reportan las muertes violentas de una mujer y su sobrino, dos suboficiales del Ejército y dos mujeres asesinadas por sus exparejas, entre otros casos de homicidios que consternan a la colectividad.

A comienzos de año se reportaron 12 homicidios, incluidos casos de feminicidios, como el asesinato de la puertorriqueña Angerilis Marrero, quien estaba embarazada cuando fue asesinada por su expareja, en la provincia Santo Domingo, aunque el número de muertes violentas de ese tipo descendió desde 80 en 2021 a 58 en 2022.

El alto índice de violencia permea a todos los sectores sociales del país, aunque la mayor cantidad de homicidios corresponden a segmentos poblacionales de menor ingreso desde donde se reportaron la mayoría de los 680 crímenes no relacionados directamente con la delincuencia perpetrados durante el año pasado
Se resalta que 376 personas fueron asesinadas en circunstancias relacionadas con la delincuencia, como despojo de armas de fuego, celulares, dinero, vehículos o sicariato, y que de los 1,339 homicidios perpetrados en 2022, la mayoría de las víctimas fueron hombres (89.77%) y un 10.23% fueron mujeres.

La violencia en sus diferentes manifestaciones se entroniza en el tuétano social, lo que obliga al Gobierno, Congreso, Orden Judicial, academias e iglesias a unificar esfuerzos en el diseño y promoción de algún programa educativo que ayude a elevar los niveles de civilidad, tolerancia, prudencia y respeto a la ley y civismo en la población, dado que ahora mismo la vida no parece tener mucho valor