Comprobado está que centenares de haitianos junto a familiares y con ajuares cruzan la frontera por doce lugares entre Montecristi y Dajabón, con el propósito de ser incluidos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, lo que ha creado caos migratorio de imprevisibles consecuencias.

En un amplio reportaje publicado el domingo en El Nacional se describe cómo familias de indocumentados llegan con camas, muebles, prendas de vestir y hasta con gallos de pelea a comunidades dominicanas como Sanché, La Vigía, Don Miguel, La Peñita, Santa María, La Colonia, La Paloma y Los Libertadores, entre otras.

¿Cómo es posible que autoridades militares y de Inmigración permitan o sean indiferentes ante lo que puede definirse como éxodo de indocumentados hacia el territorio nacional? ¿Qué sucede?

Se sabe que una bien organizada mafia integrada por dominicanos y haitianos opera más de 16 corredores por donde ingresan los indocumentados, quienes son trasladados en camiones a lugares seguros de Mao, Santiago, Esperanza, Licey al Medio, Bonao, Villa Altagracia y Santo Domingo.

Puede decirse que ese flujo masivo de indocumentados se produce ante propias narices del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y de inspectores de la Dirección de Migración, que acostumbran a reportar la repatriación de algunos grupos de ilegales para guardar las apariencias.

La gobernadora de Dajabón ha dado el grito al cielo sal señalar que si las autoridades no contienen el oleaje migratorio, los indocumentados “se van a adueñar de la plaza y de todo”, además de advertir que en la frontera no hay estructura para proveer a esa masa de inmigrantes de educación, salud y vivienda.

De tal gravedad es la situación que hasta se denuncia que grupos de abogados falsifican documentos para facilitar la regularización de indocumentados que ingresan masivamente por lugares de la frontera convenientemente desprotegidos por las autoridades.

No se exagera si se afirma que el ingreso sin control de miles de indocumentados haitianos pone en peligro la integridad territorial de República Dominicana, sumida ya en un virtual caos migratorio que cada día se agrava ante la complacencia, indiferencia o complicidad de autoridades civiles y militares.