El Ministerio de Trabajo informó que casi 195 mil trabajadores han sido integrados a sus puestos laborales, lo que representa el 19.16% del millón 14 mil 679 cuyos contratos laborales fueron suspendidos por efecto de la pandemia de la covid-19, lo que en términos proporcionales no se corresponde con el nivel de desescalada.

Las autoridades laborales dijeron a Listín Diario que 820,212 obreros y empleados se mantienen aún en condición de suspendidos, a pesar de que en la segunda fase del retorno a la nueva normalidad, las pequeñas empresas operan con el 100% del personal, las medianas con el 75% y las grandes con el 50%.

Se admite que la matemática no opera con exactitud cuando se trata de una empresa que procura reinsertarse en la producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, aunque corresponde al Gobierno estimular la plena recuperación económica.

No debería verse con ojos de pesimismo la cifra de los que han retornado a sus antiguos empleos, porque en Estados Unidos, donde la Reserva Federal y el Congreso han inyectado a la economía más de cuatro trillones de dólares, apenas ha retornado 2.5 millones de trabajadores, de más de 40 millones suspendidos.

La recuperación de la economía y en particular del empleo se perfila como lenta, pero sistemática o continua, más aun cuando a partir del 1 de julio retorne el turismo y se permita que las grandes empresas puedan operar con el 100% de sus colaboradores.

En la desescalada hacia el periodo postcoronavirus, el Gobierno tiene el compromiso de acompañar a las pymes en su difícil retorno, especialmente en la promoción de crédito con tasas de interés competitivas, facilidades, formalización fiscal, bancarización y educación financiera e identificación de nuevos mercados.

La meta debería ser que la totalidad del millón 14 mil 679 trabajadores suspendidos retorne a sus funciones remunerativas antes de que concluya el segundo semestre de 2020, lo que requiere de un esfuerzo mayor por parte de los empleadores, cuyas empresas también tienen que recuperar los espacios de mercados perdidos por culpa de la pandemia.

El Gobierno que resulte de las elecciones del 5 de julio debería decretar el 2021 como el Año de la Generación de Empleos, porque esa es la base del retorno al crecimiento, de la gobernanza, institucionalidad y del anhelado estado de equidad social.