Constituye un atentado a la democracia dominicana y a la transparencia, la perención de seis proyectos de leyes diferentes sobre los Partidos y Agrupaciones Políticas que eran objeto de estudio en el Congreso Nacional. Al parecer, nos quedaremos sin un instrumento legal que garantice la pulcritud del proceso electoral que terminara en mayo del próximo año.

Una comisión especial, la cual estaba presidida por la diputada del PLD, Karen Ricardo, duró tres años haciendo las ponderaciones del lugar sobre las diversas piezas que se articularon para tener una ley para regular la actividad política, nunca llegó a rendir la labor encomendada. La ausencia de una normativa de esa naturaleza va a permitir la vigencia de transfuguismo y el clientelismo.

A los pelédeístas no les interesan que la existencia de una regla que sancione la utilización de los dineros del Estado para comprar conciencia y conseguir adláteres para abultar su nómina de votos en cada certamen electoral. Ellos son proclives a nadar en aguas turbias y turbulentas, y solo así pueden salir gananciosos en las urnas.

El primer proyecto de medio partido político fue introducido a la Cámara de Diputados en fecha once del mes de agosto del año 2009. La pieza perimió. Contenía un conjunto de artículos que consignaban el castigo penal a los responsables de fomentar la compra de conciencia, una práctica deleznable mediante la cual sonsacados dirigentes connotados de la oposición.

En forma descarada, el partido oficial tuerce voluntades con fondos del erario para “ganar” los comicios presidenciales, y no se detienen ahí, pues utilizan trampas de toda laya sin ningún sonrojo ni miramiento para debilitar a las organizaciones contrarias. El cambio de chaqueta, obtenido mediante el uso de prebendas, es un delito sancionado en países como Colombia y España.

La dejadez y la indiferencia hicieron colapsar una normativa electoral que trazaba las reglas de juego en cada contienda comicial. La legislación primigenia, otorgaba a los partidos los cargos electivos, y quienes renunciaban a ocupar las posiciones debían ser sustituidos por miembros de la entidad que los postuló.

El proyecto original contemplaba numerosas prohibiciones a los partidos y agrupaciones, entre ellas impedía favorecer a personas allegadas a los lideres políticos, otorgándoles candidatura que arrebataban el derecho de quienes las hayan ganado en procesos convencionales reconocidos como válidos.