Al cabo de muchas presiones, el Gobierno optó por romper el silencio en que parecía refugiado con relación al alza de los precios de los combustibles. Pero por falta de detalles convincentes para justificar una decisión que ha herido y alborotado a los consumidores, la explicación no despejó las interrogantes.

El secretario de Industria y Comercio, licenciado José Ramón Fadul, basó el alza en una supuesta deuda de 1,900 millones de pesos que contrajo el Gobierno con la Refinería Dominicana de Petróleo, y las empresas Mundogás y Coastal por no cargar al consumidor variaciones de precios en los mercados internacionales.

Por esa práctica que tanto afecta la transparencia, como la no rendición de cuentas, se desconocen los pormenores del sacrificio financiero que alega el funcionario. Pero de ser así también se incurrió en una violación de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo fundamental era despolitizar los precios de los combustibles, dejándolos flotar.

En un gesto que denota prepotencia, el titular de la cartera expuso que en un momento el precio de la gasolina debió estar a 400 pesos el galón, cuando según él, el barril de petróleo alcanzó los 197 dólares el barril, pero que el Gobierno lo mantuvo a 207 pesos. En primer lugar no se recuerda que el hidrocarburo haya llegado a tal tope, y en segundo, jamás se ofreció explicación alguna al respecto.

Lo que se sabe es que en una actitud con claros tintes políticos, en víspera y durante el proceso electoral de mayo de 2008 el Gobierno subsidió a transportistas de pasajeros y de carga, productores agropecuarios y otros subsectores de la producción para contener alzas en los precios de servicios y artículos de primera necesidad.

Si el Gobierno, como alega Fadul, se rigiera por el procedimiento que consigna la Ley de Hidrocarburos para calcular y fijar la tasa de los carburantes en el mercado interno, nadie tuviera hoy la menor queja. Antes por el contrario, porque la caída del hidrocarburo y sus derivados ha sido tan estrepitosa que los precios estarían por el suelo. Pero el ingrediente político pesó mucho.

Al justificar el alza el secretario de Industria y Comercio obvió que ya durante dos semanas se habían congelado, sin motivación alguna, los precios de los combustibles. Ambas decisiones se habían prestado, como es lógico, a las más variadas conjeturas, aunque todas coincidían en que eran resultado de los excesivos gastos en que se había incurrido durante el proceso electoral. Sin detalles convincentes la explicación sobre el alza parece un recurso para salir del paso.