La procuradora Miriam Germán había advertido que con las pruebas que sustentaban el expediente sobre los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht ningún juez que se respetara podía condenar a ninguno de los imputados. Pero vaya paradoja.
Las magistradas que conocieron el caso encontraron culpable de sobornos al empresario Ángel Rondón, pero no a los sobornados. El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero sin que se le probara que recibiera sobornos de Rondón ni de la compañía Odebrecht.
¿Dónde están entonces los sobornados? Al expresidente del Senado, Andrés Bautista; al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez; al exsenador Tommy Galán y al abogado Conrado Pittaluga se les descargó por insuficiencia de pruebas.
En el expediente, como dijo Germán cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia, se evidenció una vulgar manipulación, confeccionado para proteger a los sobornados por evidentes razones políticas. El Ministerio Público fracasó en demostrar que hasta Rondón había recibido los 92 millones de dólares pagados por Odebrecht para sobornar funcionarios y legisladores.
Tanto el expediente de los sobornos como la sentencia de las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo que solo encontró culpable a Rondón, y a Díaz Rúa por añadidura, cuestionan el sistema judicial.
