La situación en que se han venido violando derechos establecidos por la Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes promulgadas, programas y protocolos dispuestos en espacios y tiempos democráticos, es altamente preocupante para toda la ciudadanía, pero, para las dominicanas, los niños y las niñas, aún más.

Y no es una percepción solo de los movimientos feministas y de mujeres, organizadas e independientes, hay un análisis generalizado y compartido por personas intelectuales, articulistas de opinión, y figuras académicas reconocidas que, en estos días reaccionan frente a la negación de derechos adquiridos.
Es preocupante, además, que tengamos funcionarios y funcionarias en reafirmación con sus propios valores personales, generalmente tradicionales y estáticos, con poco perfil de servicio, improvisados en nombre de un ejercicio politiquero arraigado y repetido, desconocedores de los términos de referencia para los que les nombran, y aplicando su autoritarismo por encima de la Constitución y las leyes.

El antecedente de diciembre de 2022, cuando en el MINERD se derogó la Orden Departamental 33-2019 que priorizaba el diseño y la implementación de la política de género en Educación, por la nueva orden 44-2022, fue nefasto porque se permitió que un ministro y un consejo trasgredieran el mandato constitucional aterrizado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 01-12, como dato cercano, que hay antecedentes muy anteriores.

Pero la falta de respeto a las leyes y sus procedimientos, no se para en direcciones de ministerios ni con el funcionariado político partidista, y se “desfachata” en el Senado de la república, que acaba de aprobar de la nada, sin aviso ni lectura, ni respeto al procedimiento requerido, un ante proyecto de Código Penal perimido y penoso.

La peor versión presentada en el casi un cuarto de siglo que lleva la “enjundiosa” modificación penal, por un senador, que, por cierto, tiene 30 años en el Congreso -diputado desde 1994 a 2016- senador desde 2020 apoyado por el partido de gobierno, pero militante del PRSC. Tantos años apoltronado en el poder para presentar una pieza más atrasada que la que tenemos.

Siempre están las imponderables y en lo razonable, la propuesta de Código Penal sometida a la Cámara de Diputados/das por Magda Rodríguez (del PLD) y José Horacio Rodríguez (de OD), que plantea un Código Penal moderno, que no acepte más privilegios ni corrupción, ni tampoco impunidad y legitimación de maltrato a niños y niñas.

Mientras, hoy nos preguntamos, ¿en República Dominicana, quien es responsable de garantizar el ejercicio de la democracia?.

¡En qué vergüenza institucional vivimos!