El rastreo de las cuentas y bienes de los 14 imputados por recibir sobornos de la empresa brasileña es realizado por inspectores de la Procuraduría como parte de las investigaciones
Inspectores de la Procuraduría General de la República (PGR) rastrean los bienes que poseen en el país y el extranjero los 14 imputados en el caso Odebrecht, con miras a la instrumentación del expediente final que será presentado por ante los tribunales.
Para esos fines, la PGR ha solicitado una serie de diligencias procesales por ante el magistrado Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia como juez de la instrucción especial para la instrumentación del expediente.
La información no ha sido dada a conocer de manera oficial por la PGR, pero sí confirmada por una fuente de entero crédito del Poder Judicial, que dijo que se trata de requerimientos hechos por ante el juez Ortega Polanco como parte secreta del proceso.
Tampoco se supo si los inspectores a cargo de las requisas han detectado bienes que no declarados por los imputados.
Nada que ocultar
La defensa de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que sabía que esas diligencias se estaban haciendo en el país, pero no a nivel internacional.
Antoliano Peralta y Carlos Salcedo manifestaron al respecto: “Nuestro representado (Andrés Baustista) no tiene ninguna oposición a cualquier mecanismo de investigación que implementen las autoridades competentes, dado que se sabe inocente y no tiene nada que ocultar”.
Los requerimientos por parte de la PGR por ante el juez Ortega Polanco son en procura de detectar bienes que no han sido declarados por los imputados.
Las solicitudes de rastreos son contra los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista, Ruddy González, César Domingo Sánchez, Máximo De Oleo, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández.
También, contra el senador por San Cristóbal, Tommy Galán; el senador por Santiago Julio César Valentín, el diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco Osoria y el ingeniero Bernardo Castellanos De Moya. Contra este último pesa una orden de captura y, según informó a través de un hermano, se encuentra en Panamá.
Máximo De Oleo
La defensa del imputado Máximo De Oleo dijo que la Procuraduría General de la República puede hacer todos los rastreos que quiera ya que comprobará que vive en una misma casa desde antes del año 2000.
Rafael Suárez, abogado de De Oleo, manifestó que su cliente no se opone a que rastreen sus bienes tanto en el país como en el extranjero.
“En el caso de Máximo De Oleo pueden hacer el rastreo que el procurador entienda y que ordene el procedimiento cautelar que desee. Máximo vive en la misma casa desde antes del 2000, vive en el sector de Herrera desde antes de trabajar en el Gobierno de Hipólito Mejía”, dijo.
Sostuvo que su cliente reside en una casa comprada con un préstamo a 30 años que hizo a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.
“El Ministerio Público en la persona de la Procuraduría General de la República puede tomar todas las medidas cautelares que entienda. A Máximo De Oleo le fue embargada su cuenta de la pensión como empleado público”, observó Suárez.
Declaró que su cliente no tiene propiedades, razón por lo que no tiene nada que temer ante cualquier tipo de medida cautelar que pretenda tomar el Ministerio Público
“El Ministerio Público debe cuidar antes de imponer medidas cautelares, saber el monto del supuesto soborno de cada imputado para no abusar con sus medidas cautelares del patrimonio de la comunidad legal de bienes de los esposos”, dijo.
Precisó que el Procurador debe individualizar por cada imputado el supuesto monto de
lo sobornado para poder imponer las medidas cautelares para que no desborde el uso de la medida.
“La Ley le impone al procurador individualizar por imputado, por cada uno, la cantidad precisa del supuesto soborno para que el propio Ministerio Público no se haga reo de abuso de autoridad”, concluyó Suárez.
El Nacional no pudo obtener la opinión de los abogados de los demás imputados, en vista de que no pudieron ser localizados. Los abogados de los imputados tienen pendientes apelar las medidas de coerción impuestas contra sus clientes.
14 Imputados
Las autoridades siguen sin conocer el paradero del ingeniero Bernardo Castellanos De Moya, identificado como el imputado número 14, de quien solo se ha dicho que está en Panamá. A través de un hermano informó que retornaría al país, pero todavía no lo ha hecho.
