TEÓFILO BONILLA
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Productores y parceleros del bajo Yuna en San Francisco de Macorís y en Sánchez Ramírez denunciaron este jueves que funcionarios y técnicos del Ministerio de Agricultura acompañados de militares los obligaron a quemar los semilleros de arroz plantado en septiembre, con el pretexto de que se debe unificar la cosecha que inicia el primero de diciembre.
Francisco Mateo e Ignacio Castillo afirmaron que el personal de Agricultura viajó al Bajo Yuna desde Santo Domingo, ejerció presión sicológica a productores y parceleros y justificó la acción porque la siembra está prohibida antes de diciembre.
Según explicaron, tradicionalmente en Limón del Yuna, Los Peynado, La Reforma, Paraguay y Los Contreras, se siembra arroz de las variedades Ambar y Titua en septiembre, para iniciar la cosecha en abril del siguiente año, antes de la llegada de las lluvias de mayo.
Los parceleros y productores calificaron de “absurda, injusta y arbitraria” la orden de Agricultura de quemar las siembras de los parceleros y recordaron las consecuencias negativas surgidas durante el gobierno de Hipólito Mejía y la gestión en Agricultura de Eligio Jáquez, quien supuestamente ordenó la quema de unas dos mil tareas arroceras, el 15 de diciembre el 2002, en Villa Rivas, lugar Paraguay de la provincia Duarte
El ministro de Agricultura, Ángel Estévez, sostuvo que esa cartera “en absoluto hayamos obligado a nadie a quemar semillero ni plantaciones de arroz. Ni lo hacemos ni lo haremos jamás”.
Adelantó que ordenará investigar la denuncia de los productores de arroz y afirmó que se tomarán medidas drásticas sin alguien del Ministerio de Agricultura tiene alguna vinculación en la acción.
Expresó que enviará al Bajo Yuna a un viceministro a investigar la alegada quema de arroz, “pero es falso que hayamos autorizado la incineración de plantaciones”, recalcó.
Entre las amenazas y presiones, según los productores de arroz, que ejercieron los funcionarios y técnicos de Agricultura, están que los peritos no les autorizarían para que el Banco Agrícola ni otro banco comercial les otorgaran financiamiento; que no se les facilitaría agua para irrigar la plantación, “y hasta con llevarnos presos”, denunció Castillo.
Mauricio María, ex presidente de la Federación Nacional de productores de Arroz (Fenarroz), y asesor de la Asociación de Productores de Arroz de Sánchez Ramírez, justificó la medida y evitará un gran flujo del cereal en el mercado y que se depriman los precios.
Indicó que la medida la estableció mediante una resolución emitida por la Comisión Nacional Arrocera (CONA), durante la reunión que sostuvo el 25 de julio pasado la cual va a beneficiar todo el sector productivo del cereal.
El senador de Sánchez Ramírez y productor arrocero, Félix Vásquez, dijo que se realizó un acuerdo institucional entre las asociaciones de productores de arroz, “pero hay gente que no quiere acatar las disposiciones y las normas que se establecen”.
Mateo y Castillo señalan que parceleros que tenían semilleros y arroz plantado de 10 y 15 días, tuvieron que salir desde sus fincas a tiendas de agroquímicos para comprar el herbicida “glifosato”, para incinerar las plantaciones, porque los funcionarios de Agricultura, técnicos y militares lo obligaron y lo esperaron en las parcelas.
Agregaron que esos tipos de variedad de arroz, los fomentan ellos con una baja inversión por tarea, donde las procesadoras de semillas cobran hasta $3,500 por el quintal.
