Este mediodía los representantes del Ministerio Público de la provincia Santo Domingo diseñaban con el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, la estrategia a llevar durante la audiencia de esta tarde donde se les conocerán medidas de coerción a nueve de los 25 implicados en el “dicanazo”.
El procurador general de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Robert Rodríguez, y la fiscal de la jurisdicción Olga Diná Llaverías, se reunieron previamente para ultimar los detalles del procedimiento.
Los acusados por la procuraduría son los coroneles Carlos Fernández Valerio, jefe de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican); Félix Humberto Paulino López, encargado de operaciones de la entidad, y Voltaire Batista Matos.
Otros implicados en el robo y distribución de 950 kilos de cocaína son: el mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Ruddy José Japa Alvarez, teniente Bárbaro Torres Beltrán, sargento Antolín de los Santos Zabala, cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys Lironey García Miranda.
También son acusados los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro.
Al mediodía se producían movimientos de personal y equipos ordenado por la magistrada Wendy Martínez Mejía, quien procuraba habilitar espacio para recibir los acusados esta tarde para la audiencia donde se les conocerán las medidas de coerción a los implicados.
Rebeldía
Durante el proceso de apresamiento de los implicados en el robo y ventas de la cocaína, el coronel Fernández Valerio desafió al procurador adjunto Bolívar Sánchez a que se atreviera ordenar que lo esposara. La rebeldía del oficial provocó una crisis momentánea que motivó la intervención del general Orlando Martín Pichardo, director de Asuntos Internos de la Policía.
Finalmente, nadie se atrevió a colocar las esposas al coronel Fernández Valerio.
También hubo otro incidente entre el jefe de los investigadores y el fiscal Díaz Ogando, pero éste fue esposado delante de camarógrafos de televisión, fotógrafos y periodistas.
