Al cumplirse un cuarto de siglo de la promulgación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es justo reconocer el profundo cambio estructural que esta normativa introdujo en la vida institucional, económica y social del país.

Lo anterior se comprueba en el hecho de que, hasta entonces, el acceso a la protección social era limitado, fragmentado y profundamente desigual. Sin embargo, la entrada en vigor de la referida ley marcó un antes y un después, debido a que estableció un nuevo modelo basado en derechos, con vocación universal y reglas claras para la afiliación, financiamiento y prestación de servicios.

Sin duda, esta ley fue el producto de una visión reformadora, impulsada por diversos sectores y liderada por el entonces presidente, Hipólito Mejía, junto a técnicos, legisladores, entre ellos el senador Iván Rondón, empleadores y representantes de los trabajadores, que comprendieron la urgencia de modernizar el sistema de protección social.

La ley 87-01 introdujo pilares fundamentales como el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, y el Seguro de Riesgos Laborales, articulados bajo principios de solidaridad, equidad y eficiencia.

En estos 25 años, innegablemente, el sistema ha logrado avances significativos, tales como la ampliación de la cobertura en salud, que el presidente Luis Abinader puso a disposición de toda la ciudadanía, la institucionalización de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), así como la creación de mecanismos de regulación y supervisión, que han contribuido a ordenar el sector y a garantizar mayor transparencia.

Cabe destacar, que millones de personas han accedido por primera vez a servicios de salud formales y a una protección financiera ante contingencias.

Sin embargo, también es una realidad que el sistema enfrenta desafíos importantes que evidencian la necesidad de una reforma integral, la cual se encuentra pendiente desde el año 2011, la cual no debe entenderse como una ruptura, sino, más bien, como una evolución necesaria para corregir distorsiones acumuladas y fortalecer los principios que dieron origen a la ley que nos ocupa.

Entre los principales temas a ser modificados se destacan la sostenibilidad financiera del sistema, especialmente en lo relativo al régimen de pensiones y el fortalecimiento del Seguro Familiar de Salud, lo mismo que la ampliación de la cobertura para que todos los trabajadores disfruten del derecho a la seguridad social.

El sistema de seguridad social debe tener como esencia a la gente, priorizando la dignidad humana, la protección social y el bienestar colectivo, tomando en consideración que su finalidad principal es garantizar salud, pensiones y apoyo ante las contingencias de la vida, mediante servicios eficientes, solidarios y accesibles, inspirados en la justicia social.

A 25 años de su promulgación, la Ley 87-01 sigue siendo una de las reformas más trascendentales, por lo que honrar su legado implica no solo reconocer sus logros, sino también asumir con responsabilidad la tarea de su actualización. La seguridad social, como derecho fundamental, exige un sistema dinámico, justo y sostenible, capaz de responder a las demandas del presente y del futuro.