El canciller Roberto Álvarez se ha ido por las ramas al intentar justificar el memorándum de entendimiento entre República Dominicana y Estados Unidos mediante el cual el país recibe a migrantes deportados desde territorio estadounidenses en condición de tránsito para ser repatriados a sus lugares de origen.

Álvarez ha dado seguridades de que el gobierno dominicano no acepta esquemas que comprometan la soberanía nacional o conviertan su territorio en receptor permanente de migrantes, pero lo que no pudo explicar es la razón por la cual se acepta recibir aquí a extranjeros expulsados desde otra nación.

El colmo sería que el Gobierno se comprometa a asumir procesos de asilo o refugio de indocumentados, por lo que sale sobrando la precisión hecha en ese sentido por el ministro Álvarez, al que solo se le solicitó explicar por qué el país tiene que recibir aun sea de manera temporal a deportados de terceros países.

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Por lo referido por el canciller se interpreta que República Dominicana aplicaría una vía rápida de devolución a sus países de origen a los extranjeros expulsados por Estados Unidos que acoja en su territorio, cuyo ingreso obviamente deberá estar autorizado por alguna autoridad del traspatio.

Es difícil entender por qué migrantes en condición irregular en Estados Unidos no son repatriados directamente a sus países o por qué se requiere que aniden en República Dominicana. ¿Qué garantía tiene el Gobierno de que esas “devoluciones” se realizarían en cuestión de días?

No alcanza a mitigar la generalizada preocupación ciudadana la afirmación del canciller de que ese acuerdo forma parte de una “colaboración estratégica con Estados Unidos”, país del que dijo apoyó a República Dominicana frente a la crisis de Haití, y ni aun la noticia de que el gobierno estadounidense cubriría el costo de la estadía aquí de los deportados.

Con argumentos técnicos y jurídicos, Álvarez ha explicado los alcances del acuerdo para recibir aquí a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, sobre lo cual ofreció seguridades de que “nadie entrará a República Dominicana sin autorización del Gobierno”. No debería olvidar que todo convenio implica también obligaciones.

El tiempo dirá si ese acuerdo, sumado a la reanudación del permiso para que aviones militares estadounidenses usen instalaciones del Aeropuerto de las Américas y de la base aérea de San Isidro, así como la declaratoria como grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria de Irán y al grupo Hezbollah, fortalecen o debilitan la soberanía nacional. El canciller vence, pero no convence.