Sin que esa fuera su intención, el procurador general de la República y el nuevo jefe de la Policía admiten o revelan que ninguna de esas instituciones ha cumplido cabalmente con sus respectivos roles de dirigir las investigaciones penales, en el caso del Ministerio Público, y de auxiliar de la justicia, la institución policial.

Tal presunción se desprende de la proclama lanzada por el magistrado Radhamés Jiménez, de que a partir de la toma de posesión del mayor general José Armando Polanco Gómez, las relaciones entre Ministerio Público y Policía experimentarán una nueva era, una especie de relanzamiento, donde cada quien entenderá cuáles son los roles que les asignan la Constitución y las leyes.

El procurador Jiménez dijo que acordó con el recién instalado jefe policial que sea el Ministerio Público que dirija las investigaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, a los fines de evitar malas instrumentaciones de expedientes.

Sorprende la admisión casi explícita del procurador, de que durante la jefatura policial anterior el Ministerio Publico no tenía a su cargo la dirección de la investigación penal, a lo que implícitamente atribuye la mala instrumentación de los expedientes y los elevados niveles de impunidad, que promete ahora reducir con la colaboración que le brindaría el general Polanco Gómez.

Aunque señala que durante la gestión del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín las relaciones entre Policía y fiscalías fueron buenas, el procurador enfatiza en que con el nombramiento de Polanco Gómez las relaciones del Ministerio Público y la Policía experimentarán una nueva era.

Por lo declarado por el procurador, de que a partir de ahora el Ministerio Publico asumirá la conducción de las investigaciones contra el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, se colige que esa instancia del Estado nunca tuvo control ni ejerció tales prerrogativas constitucionales.

Se admite, en consecuencia, que los procuradores y fiscales adjuntos que participaron en la persecución de sonados casos de narco, lavado y sicariato, actuaron como sellos gomígrafos, responsables al igual que los oficiales investigadores actuantes de mala instrumentación de expedientes y de los altos niveles de impunidad que el procurador promete reducir en lo que define como nueva era en las relaciones con la Policía.

El Ministerio Público nunca ha debido renunciar ni permitir ser suplantado en su papel de jefe de la investigación penal, aunque a lo dicho por el procurador general cabe la expresión jurídica de que a confesión de parte, relevo de pruebas.