El expediente Antipulpo, que sustenta la acusación del Ministerio Público contra un grupo de contratistas y exfuncionarios del anterior gobierno de crear un entramado de corrupción, ha tomado un nuevo giro con la admisión de uno de los imputados de que adquirió bienes y dinero en el ejercicio de ese ilícito penal.
Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), habría devuelto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) $10.0 millones que dijo le fueron entregados en una funda negra de parte de un funcionario público.
El Ministerio Público reveló que Pagán también admitió que adquirió un apartamento valorado en $39 millones con dinero de ese entramado, así como una finca valorada en unos cinco millones de pesos, bienes devueltos a la Pepca.
Lo admitido por ese exfuncionario y su eventual disposición de confesar ante el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional lo relacionado con actos de corrupción y lavado de dinero en OISOE podría incidir notablemente en el curso del voluminoso expediente, cuyo principal acusado es Juan Alexis Medina Sánchez.
Aunque varios imputados en diferentes expedientes por corrupción, coalición de funcionarios y lavado de dinero han ofrecido colaborar con el Ministerio Público, los demás acusados mantienen incólume su derecho constitucional sobre presunción de inocencia.
El Código Procesal Penal señala a los tribunales el rol de resolver conflictos surgidos a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social, y reconoce en el proceso penal el carácter de medida extrema de la política penal, además de apuntar que los jueces sólo están vinculados con la ley.
Al admitir uno o más acusados los ilícitos penales que se les imputan y aceptar devolver a las autoridades dinero, bienes muebles e inmuebles obtenidos mediante un entramado de corrupción, concede al Ministerio Público ostensible ventaja en su esfuerzo por lograr que un tribunal emita una sentencia condenatoria.
La confesión del ingeniero Francisco Pagán, de que se enriqueció con dinero generado por ilícitos penales, debilita muy severamente los alegatos de que los expedientes contra exfuncionarios y contratistas forman parte de un plan de persecución política contra líderes, dirigentes o partidos. Por el bien de la democracia, se insiste en la pertinencia de separar lo jurídico de lo político.
