No hay necesidad de negarlo ni disimularlo. Salta a la vista, con la claridad meridiana, el malestar que ha aflorado en las relaciones de Estados Unidos y el Ministerio de las Fuerzas Armadas a causa de los sinuosos rumores sobre la vinculación de jerarcas militares con la corrupción y el narcotráfico. Si no eran buenas, el deterioro se ha evidenciado después de la solicitud de extradición del antiguo jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coronel retirado Francisco Hiraldo Guerrero.

Especulaciones sobre militares vinculados al narco siempre las ha habido. Pero se han incrementado tras supuestas confesiones a fiscales de New York atribuidas al capitán retirado Quirino Ernesto Paulino Castillo, extraditado en enero de 2005, y al boricua José David Figueroa Agosto. Si bien no propiamente con los casos en cuestión, encuentros de prominentes figuras estadounidenses con autoridades nacionales han sido relacionadas al menos con el problema del narcotráfico.

La inusual reacción del jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, sobre la solicitud de extradición de Hiraldo Guerrero, evidenció que algo andaba mal en las relaciones con la embajada de Estados Unidos. Pared Pérez, un oficial comedido, profesional y de modales diplomáticos, dejó atónita a la opinión pública al declarar que Hiraldo Guerrero contó con el respaldo de la DEA mientras se desempeñó como cerebro de la DNCD.

Sin que el caso del antiguo jefe de operaciones de la DNCD se haya dilucidado en los tribunales, volvió a llamar la atención que el ministro de las Fuerzas Armadas solicitara a los embajadores de Estados Unidos y España información sobre los militares que estarían ligados a la corrupción y el narcotráfico, bajo el alegato de que los rumores, que circulan con nombres y apellidos, afectan la imagen de los cuerpos castrenses.

Las informaciones se entrecruzan pero el panorama no se despeja. Más tiempo lo contrario. Pese a objeciones protocolares que acentúan el malestar, Pared Pérez programó para la semana entrante la entrevista, prácticamente a solicitud suya, a que dijo estar dispuesta la embajada de Estados Unidos para abordar el problema de la lucha contra el narcotráfico. Entiendo que ese tipo de solicitud se hace a través de la Cancillería y de la Procuraduría General de la República, pero si me dan los nombres podría el Ministerio de las Fuerzas Armadas hacer las investigaciones que den al traste con esos casos, adujo el funcionario.

Las versiones sobre la cancelación de visado a jueces complacientes con imputados por drogas, así como a legisladores abonan el malestar que aflora en las relaciones del cuerpo diplomático y el aparato militar. Aún así, la crisis no es para una apuesta ni tomar partido. En todo caso, para confiar en que se aparcarán diferencias y se aunarán esfuerzos para derrotar al narcotráfico, que es el enemigo común.