Haití, que lleva diez meses sin Gobierno ante la ausencia de un primer ministro, se queda ahora sin Parlamento por el cese de funciones de todos los diputados y de dos tercios del Senado, por lo que ahora el presidente de la República gobernará por decreto.

Jovenel Moïse, quien ha enfrentado protestas multitudinarias en los últimos meses en reclamo de su dimisión, no tendrá contrapeso del Parlamento y sin un primer ministro que funja como jefe del Gobierno, desolador cuadro institucional que augura recrudecimiento de la dilatada crisis política haitiana.

El propio presidente Moïse ha definido el de Haití como “un Estado depredador” que hipoteca el futuro de la nación, aunque no ha hecho caso al generalizado reclamo de la oposición política y de sectores empresariales de que renuncie y convoque a nuevas elecciones.

Debería ser motivo de preocupación en República Dominicana el hecho cierto de que Haití ha quedado sumido en un gran vacío político e institucional, lo que agrava la situación de miseria y marginalidad de la mayoría de su población.

En vez de convocar a elecciones legislativas para rehabilitar a la Cámara de Diputados y al Senado, el mandatario haitiano aboga por modificar la Constitución para otorgar mayores poderes a la figura del presidente, por lo que no se vislumbra en el corto plazo una salida política a la crisis haitiana.

El presidente Moïse declaró de manera unilateral el fin del mandato del Parlamento, y dispuso que los salarios de 138 legisladores se destinen para la construcción de diez escuelas, por lo que un grupo de senadores lo acusa de violar la Constitución haitiana.

No sería exagerado afirmar que el mandatario haitiano procura gobernar sin el contrapeso del Poder Legislativo lo que equivaldría a producir un rompimiento del precario orden institucional y una vuelta al caos total, por lo que puede decirse que Haití está a punto de estallar.

La crisis institucional, política, económica y social que se recrudece al otro lado de la frontera aumenta el peligro de una incontinencia migratoria, por lo que el Gobierno dominicano está compelido a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias, así como poner en auto a la comunidad internacional sobre la gravedad del drama haitiano.