La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado del caso Coral, acusó hoy al defensor del pueblo, Pablo Enrique Ulloa, de actuar de espalda ante las constantes violaciones de los derechos de su defendido en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo-Hombres.
Los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez manifestaron que el defensor del pueblo ha hecho caso omiso a las múltiples denuncias que han hecho y que se ha colocado al lado de los violadores de los derechos del imputado.
Señalaron que las declaraciones de Enrique Ulloa, en vez de ayudar a su cliente, lo perjudican, ya que parece apoyar a quienes se han encargado de violentar el debido proceso de ley en contra de su defendido Adán Cáceres.
La reacción de la defensa se produce luego que el funcionario dijera a la prensa que no conocía de las denuncias hechas por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, durante un recorrido que realizó por el recinto carcelario junto a autoridades del Nuevo Modelo penitenciario.
Dijeron que han observado con gran asombro y confusión sus participaciones públicas y extraños pronunciamientos relacionados con las últimas denuncias interpuestas por Adán Cáceres Silvestre, ante la Procuraduría General de la República.
Exhortaron a dicho funcionario, abstenerse de continuar con cualquier asunto que tenga que ver con Adán Cáceres Silvestre, en primer lugar, porque la ley misma se lo impide, y además, por resultar imposible especular sobre la naturaleza de los móviles que le llevan a actuar de espaldas al ciudadano denunciante y en evidente defensa del Estado denunciado.
“Notará que nuestras denuncias tratan temas cuya investigación, a modo de monopolio, recae únicamente sobre el Ministerio Público y que las sanciones administrativas que conllevan posiblemente penales, por suerte escapan a sus expeditos trabajos” afirmaron.
Destacaron que al parecer el defensor del pueblo se ha enterado del cúmulo de denuncias graves realizadas por Cáceres Silvestre, respecto de múltiples, reiteradas y terribles violaciones de sus derechos a la legítima defensa.
Indicaron que también debe estar enterado que esas violaciones provienen desde el Estado, específicamente desde la Procuraduría General de la República.