La visita de Ted McKinney, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas para el Extranjero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ayuda a oxigenar una legítima preocupación por la posibilidad de que la agropecuaria nacional pierda o reduzca dentro de algunos años su capacidad de proveer abastecimiento alimentario.
Lo expresado a Diario libre por McKinney, de que no figura en la agenda estadounidense una revisión del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) no debería desalentar al Gobierno en su necesaria gestión para que ese estatuto sea revisado.
Conforme al DR-Cafta, para 2025 ingresarán libres de aranceles al mercado dominicano todos los productos agropecuarios procedentes de Estados Unidos y Centroamérica, lo que significaría el comienzo del fin para los productores de arroz, carne, leche, cerdo, pollo, huevos, entre otros.
Aunque rechaza que en Estados Unidos existan subsidios a los productores agrícolas y pecuarios que generen una ventaja diferencial respecto a sus pares dominicanos, el subsecretario McKinney admite que el empleo de todos los avances tecnológicos en la agricultura estadounidense sí representa una desventaja para República Dominicana.
Lo cierto es que, por subsidios o por empleo de tecnología, los productores agropecuarios locales no podrían competir frente a las importaciones libres de aranceles procedentes de Estados Unidos.
Lo dicho por el subsecretario de Comercio, de que su país patrocina programas alternos para nivelar la situación de desigualdad entre productores nacionales y estadounidenses por el uso de la tecnología, no disminuye la legítima preocupación de que dentro de seis años se derrumbarían las industrias arrocera, avícola, porcina y ganadera.
Hasta donde se tiene entendido, un acuerdo de cualquier naturaleza representa esencialmente la voluntad entre las partes, por lo que se supone que sus deberes y obligaciones se instituyen de buena fe y en beneficio de las partes, lo que no es el caso del DR-Cafta.
El mejor ejemplo de que ese acuerdo comercial solo beneficia a Estados Unidos, lo establece el hecho de que el intercambio comercial entre ambas naciones representa un déficit de más de cuatro mil millones de dólares, y que barreras arancelarias y fitosanitarias impiden que gran parte de la producción agropecuaria exportable se arrime siquiera a puertos estadounidenses.
