El feminicidio de Anibel González, hace dos meses, fue la alarma que mostró como aquí, procesar y encarcelar a los agresores de mujeres, no es garantía de protección para las víctimas y que, si no se cambian los factores estructurales, las actitudes, las prácticas y las percepciones que originan la violencia contra las mujeres, las cifras seguirán siendo escandalosas, así como la impunidad mantenida.

La segunda víctima en apenas dos meses, Juana Domínguez, también en San Pedro de Macorís, en similares circunstancias de un agresor con pena conmutada al poco de ser encarcelado, demostró que la justicia, representante del Estado en el proceso jurídico legal, no entiende ni maneja el complejo fenómeno de la violencia basada en el género contra las mujeres y sin importar protocolos, sigue colaborando con los agresores, manteniendo la impunidad y participando en más muertes. Ambas jóvenes mujeres fueron desprotegidas después que sus agresores reincidentes, fueran liberados, atento al sistema de justicia penal.

A finales de 2012, y con el nombre de Pautas de Actuación del Ministerio Público Ante los Casos de Violencia hacia la Mujer 2012/2013, se establecieron 19 normas a seguir, siendo la segunda el mandato de no conciliar en los casos de violencia contra las mujeres, debido al claro desequilibrio entre las partes, permitiéndose hacerlo solo después de evaluar el caso a profundidad, concluyendo a través de diferentes pruebas periciales y entrevistas que la situación tratara de un conflicto de pareja simple, pero jamás cuando antecedían violencias graves.

En el caso de Margarita Hernández Morales, Fiscalizadora a cargo de la Dirección de la Unidad de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar y/o Sexual contra las mujeres, en San Pedro de Macorís, a quien se le atribuyen al menos dos acuerdos que terminaron en feminicidios sospechándose otros, se le imputan supuestas acciones de deshonestidad que están en indagación. Como también debe ser investigado el Juez de la Ejecución de la Pena, Francisco Domínguez Guerrero, que otorgó la libertad, al menos al agresor de Anibel González, así como a los demás jueces y juezas que estén presentes en estos casos.

Es que ninguna persona que preste servicio en la justicia penal, sea ministerio público o judicatura, debe ignorar la complejidad socio cultural de los crímenes de mujeres por violencia basada en el género. Es más, es recomendable que ambas justicias, fiscales, jueces y juezas, mantengan un protocolo mínimo de actuación conjunta, para que, un tribunal, nunca caiga en la complicidad de muerte, ni por ignorancia y mucho menos por corrupción.
Como anda diciendo la gente, ¡ya está bueno!