Los jueces de la Suprema Corte ya cumplieron el período para el que fueron escogidos.
SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana (PC), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Foro Ciudadano, la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf) advirtieron hoy que algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) optarían por no someterse al proceso de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evitar quedar en ridículo como ocurrió con las magistradas Pilar Jiménez y Miriam Germán Brito, ya que no confían en el proceso.
“Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en riesgo es la legitimidad de la justicia”, indicaron las entidades, tras señalar que las actitudes asumidas por el CNM con esas magistradas son percibidas como injustas, discriminatorias y lesivas a la independencia judicial, lo que compromete la legitimidad del sistema.
Sostienen que se corre el riesgo de que algunos jueces y juezas opten por no someterse a la evaluación como reacción a experiencias previas.
En ese sentido, las entidades agrupadas en la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) solicitaron al presidente Luis Abinader convocar de manera inmediata al Consejo Nacional de la Magistratura, dado que el período constitucional de siete años de 11 jueces se cumplió el pasado 4 de abril de 2026.
La organización recordó que estos magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa que calificaron como indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.
La ROI advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
Precisan que la evaluación de desempeño es un mandato constitucional y una garantía de independencia judicial.
Señalaron que, aunque no existe un plazo específico para la convocatoria, la Constitución establece que esta debe realizarse al término de los siete años desde la designación.
En ese contexto, la organización advirtió que el país llega a este nuevo proceso con importantes lecciones derivadas de la evaluación realizada en 2025, la cual estuvo marcada por cuestionamientos sobre la falta de transparencia, la ausencia de motivación suficiente en las decisiones y el uso de criterios no previstos en la normativa vigente.
La ROI insistió en que la evaluación judicial debe regirse por criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados de manera transparente, con respeto al debido proceso y la igualdad de género.
Finalmente, indicaron que mientras no se realicen las evaluaciones de desempeño, no es posible convocar un proceso de selección de nuevos jueces y juezas, dado que actualmente no existen vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
En rueda de prensa, la organización puso a circular el «Informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces y juezas de la SCJ y del TSE 2025», el cual recoge minuciosamente las incidencias del proceso anterior y propone medidas para fortalecer futuros procedimientos.
