Los actos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni de ninguna otra jurisdicción o instancia internacional pueden imponerse a la Constitución política ni a las leyes adjetivas de una nación que se repute soberana, menos aun cuando se evidencia alevosa voluntad de intromisión e irrespeto al Estado nacional.

Esa corte ha violentado las más elementales normas jurídicas al pretender juzgar a República Dominicana por una presunta violación a derechos humanos de ciudadanos de origen haitiano que reclaman que les concedan la nacionalidad por vía administrativa, en contradicción con lo que estipula la Carta Magna.

Lo que resulta absolutamente inaceptable es que la aceptación de esa denuncia y la fijación de audiencia hayan sido notificadas al Gobierno dominicano de forma apresurada sin posibilidad de que la parte demandada pueda organizar mínimamente sus alegatos de defensa.

Es por eso que se respalda de manera resuelta la posición asumida por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), quien ha definido como una afrenta al buen nombre de la República, la citación de la CIDH para comparecer por ante esa corte en condiciones humillantes, sin respetar sagrado derecho a la contestación al fardo de infamias.

No se niega el derecho de cualquier persona física o jurídica a querellarse o presentar denuncias sobre reales o supuestas violaciones a sus derechos, pero cuando se trata de un expediente relativo a negación de nacionalidad o del interés de un Estado en crear una legión de apátridas, la Comisión Interamericana debería actuar con mayor comedimiento y rigurosidad procesal.

La Constitución política dominicana es absolutamente clara y descriptiva respecto a la adjudicación del derecho a la nacionalidad o ciudadanía y la ley adjetiva enumera con precisión meridiana los procedimientos a seguir y los requisitos a cumplir para que un ciudadano se inscriba o asiente su nombre en el Registro Civil.

Desde tiempos inmemoriales, las grandes metrópolis políticas y económicas procuran cercenar vitales derechos y principios sobre los cuales descansa la soberanía nacional, en especial la prerrogativa relacionada con la nacionalidad, en el evidente propósito de que en términos jurídicos o en la praxis social se imponga el añejo criterio de la isla única e indivisible.

El Gobierno dominicano está compelido a rechazar con todo vigor y dignidad el atropello que significa la intempestiva notificación para inclinar la cerviz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es también una reiteración de la sostenida campaña internacional que procura denigrar al gentilicio nacional y socavar la soberanía del Estado nacional.