Al presidente de la Barrick Gold, Manuel Rocha, se le atribuye decir que el contrato para la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo fue firmado por el Gobierno y ratificado por el Congreso por lo que espera que las autoridades sean responsables y cumplan lo acordado.

Como de responsabilidad se ha hablado, es menester aclarar al señor Rocha que en la Constitución de la República esa acepción se vincula con la obligación de los funcionarios públicos de defender el patrimonio y el interés nacional, como lógicamente lo representa un bien no renovable con valor comprobado de cincuenta mil millones de dólares.

Tiene razón el señor Rocha al afirmar que en la negociación de ese contrato los ejecutivos de esa multinacional interactuaron con gente seria que por esa condición está hoy compelida a gestionar una revisión de ese convenio a los fines de subsanar vicios de consentimiento que se erigen como lesivos para el Estado.

Conviene recordarle al presidente de la empresa denominada ahora Barrick Pueblo Viejo que la primera versión del contrato de explotación del yacimiento aurífero fue revisada en 2008, por razones coyunturales invocadas por los inversionistas, como la crisis hipotecaria y financiera, los bajos precios del oro y la falta de financiamiento para ese proyecto.

Es obvio que como las circunstancias han cambiado significativamente y que hoy el oro, en vez de moverse en una franja de 300 a 700 dólares la onza, su precio supera los US$ 1,750 y con perspectivas de superar los US$2,000.

Los términos de responsabilidad y gente seria, usados por el señor Rocha, encajaban mejor en tiempos de la Guerra Fría, cuando ese ejecutivo desempeñó funciones diplomáticas en Santo Domingo, La Paz y La Habana, pero ahora de lo que se trata es de la pretensión de explotar un yacimiento de oro que es propiedad de un Estado que no se reputa como República bananera.

Se admite que lo que el señor Rocha define como mega inversión de la Barrick Gold en Pueblo Viejo (US$3,500 millones), ha sido de gran provecho para la economía dominicana, como también lo es la posibilidad de que esa empresa exporte un promedio de un millón de onzas de oro anuales por un periodo de 25 años y de los empleos que genera.

Lo que resulta irrenunciable es que Gobierno y Congreso invoquen el derecho del Estado dominicano a solicitar una inmediata revisión del contrato con la Barrick Pueblo Viejo a los fines de reivindicar una mayor y más justa participación en los beneficios que genera esa operación. Eso hay que hacerlo de manera seria y responsable.