Constituye un motivo de gran alarma y preocupación la denuncia de la procuradora general adjunta, doctora Gisela Cueto, sobre un supuesto plan para asesinarla que sería orquestado por un reo reclamado en extradición por la justicia de Estados Unidos.

La magistrada Cueto, quien dirige el departamento de asuntos internacionales y extradiciones de la Procuraduría General, acusó en estrado a Iván Miguel Tineo, implicado en narcotráfico, de contratar a cuatro individuos que emplearían fusiles M16 para asesinarla.

Según la denuncia obtenida por la procuradora adjunta de al menos tres fuentes, los sicarios vestidos de policías fingirían estar en un puesto de chequeo para detener a la procuradora adjunta y proceder a su liquidación, con el propósito de evitar que Tineo sea extraditado.

La doctora Cueto, abogada con 36 años de ejercicio, ha representado en los estrados de la Suprema Corte de Justicia los intereses de la sociedad en los procesos por pedido de extradición de justiciables, la mayoría vinculados al narcotráfico o sicariato, por lo que su denuncia debería ser asumida con seriedad por las autoridades.

Aunque el señor Tineo ha negado que planee el asesinato de la procuradora e incluso expresado su disposición de aceptar voluntariamente su extradición para ser juzgado por alegada posesión de 157 kilos de cocaína, lo aconsejable sería que la seguridad de esa magistrada sea redoblada y que se investigue a profundidad su denuncia.

Sicarios vinculados al narcotráfico han asesinado por encargo a empresarios, oficiales militares y policiales, abogados y gente de su entorno, por lo que lo revelado por la doctora Cueto no debería resultar extraño o materialmente imposible de ocurrir.

La sociedad dominicana reconoce en la doctora Gisela Cueto a una profesional intachable que ha servido con decoro y honradez en diversas funciones del Ministerio Público y que en la actualidad tiene el delicado encargo de motivar ante el más alto tribunal de la Nación los méritos que sustentan al dictamen de extradición.

La trama contra la vida de esa esa magistrada, si resulta su comprobación, se extiende por vía de consecuencia a todos los jueces, fiscales y procuradores, que indistintamente estarían en la mira del narcotráfico, que si algo caracteriza a quienes incurren en ese crimen de lesa humanidad es su proclividad al asesinato.