El presidente Luis Abinader puso en vigencia ayer el reglamento de aplicación de la ley 47-20 de Alianza Público-Privada, que procura atraer una mayor participación del capital privado en obras de infraestructura y de servicios promovidas por el Estado.

Sobre ese estatuto y su reglamento descansa la posibilidad de que se estimule un tipo de conjunción de inversión público-privada para emprender iniciativas como la construcción del puerto de Manzanillo, en Montecristi, la Autopista del Ámbar, de Santiago a Puerto Plata, y el desarrollo turístico de esa última provincia, así como proyectos de viviendas.

La relación entre el Estado y la iniciativa privada nacional o extranjera ha sido difusa, carente de reglas claras o precisas tanto como para garantizar la inversión como para proteger los intereses nacionales ante riesgos de privilegio o discriminación.

Puede decirse que en términos generales las experiencias sobre alianza entre sectores públicos y privados no han sido del todo provechosas ni para los propósitos oficiales de atraer inversiones, tecnología y generar empleos, ni para el interés de los empresarios de obtener los niveles de rentabilidad deseada.

Es por eso que se resalta la importancia de la puesta en vigencia de un estatuto que junto a su reglamento de aplicación estaría destinado a promover seguridad jurídica para la inversión público privada dirigida a proyectos estratégicos de sectores como transporte vial, aéreo, marítimo, turismo y vivienda.

Esa ley puede ser la llave para atraer inversiones hacia el desarrollo del polo turístico de Bahía de las Águilas y del suroeste, a la construcción del manto vial que relanzaría a Puerto Plata y del puerto que impulsaría las exportaciones de rubros agrícolas y agroindustriales del Cibao y del noroeste.

Tiene razón el presidente Abinader al proclamar que este es el momento óptimo para invertir en República Dominicana, cuyo Estado ofrece plena garantiza al desarrollo del capital nativo o extranjero, además de instrumentos jurídicos que reducen la burocracia y presentan al sector público como un aliado confiable.

El Gobierno y la iniciativa privada tienen el compromiso de identificar cuanto antes las obras que formarían parte del catálogo de alianza en la inversión a los fines de poner en ejecución una ley llamada a promover empleo, crecimiento, desarrollo, sostenibilidad y progreso.