El cierre del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Pedro de Macorís ha sido un amargo presente de Navidad que no merece esa provincia, otrora cuna de la industria azucarera y gran cantón de las artes, ciencia, cultura y deporte.
Esa extensión universitaria, que poseía una oferta curricular de 18 carreras y matrícula de más de mil estudiantes, fue cerrada intempestivamente por el Consejo Universitario bajo el alegato de carecer de recursos para mantenerla en operación.
Duele saber que en pleno siglo 21, el de la sociedad del conocimiento y de la globalización de la información, se clausure un recinto académico de esa envergadura porque el Estado no provee el dinero o porque las autoridades de la UASD no lo consideran prioritario, a pesar de que operaba en una de las provincias con mayores urgencias de recursos humanos calificados.
En términos porcentuales, San Pedro de Macorís ha sido de los mayores generadores de riquezas al desarrollo nacional durante el último siglo, pues poseía la mayoría de los ingenios azucareros cuando esa industria era la principal proveedora de divisas y generadora de empleos en la economía.
No es justo, entonces, que por falta de unos pesos, Macorís del Mar sea despojada de su Alma Mater y se deje a la juventud de esa provincia a la deriva sin posibilidad de acceder a un recinto de educación superior de la categoría que representa la UASD, como si esa cuna de poetas y literatos fuera condenada por siempre al ostracismo en materia de educación superior.
Aunque en San Pedro de Macorís opera la Universidad Central del Este, academia de gran tradición y prestigio en la región, no hay razón valedera para que el Estado abdique a su obligación de mantener en funcionamiento la extensión de la Universidad Autónoma a la que pueden ingresar estudiantes de escasos recursos económicos.
Es imperativo que el presidente Leonel Fernández instruya al ministro administrativo de la Presidencia para que provea de fondos extraordinarios a la UASD que permitan la inmediata reapertura del Centro Regional Universitario de San Pedro de Macorís, aunque sea necesario modificar su oferta curricular para adecuarla a reales necesidades académicas de la provincia y de la región.
Constituye un gran motivo de vergüenza para el Gobierno, el Consejo Universitario de la UASD y para toda la comunidad académica de la nación, que por falta de 15 millones de pesos se apague un faro de luz que deja a oscuras el anhelo de la sociedad petromacorisana de acceder a la educación superior suplida por el Estado.

