Un grupo de organizaciones populares, sindicales políticas y empresariales ha convocado a una jornada nacional de protesta contra el proyecto de reforma fiscal propuesto por el Gobierno, con lo cual ejercen un derecho consagrado en la Constitución, aunque se consigna que esa iniciativa debe ser pacífica.

Una auténtica democracia es siempre garantista de la prerrogativa ciudadana al disenso, a oponerse a políticas públicas que estimen perjudiciales para sus intereses particulares o dañinas para toda la población.

Ese proyecto de reforma fiscal aprobado ya en el Senado, no es percibido por la ciudadanía como morocota de oro, a pesar de que su aplicación proporcionará al Gobierno más de 45 mil millones de pesos anuales, con el incremento de impuestos y aplicación de nuevos gravámenes.

El Gobierno está compelido a garantizar el derecho de la población a expresarse con toda libertad en torno a un proyecto que la obliga a tributar más para cerrar una brecha fiscal de la que no se siente responsable, aunque del lado oficial nada se ha hecho para identificar a los culpables.

Los convocantes a esa jornada de protesta están en la obligación de respetar el derecho de los ciudadanos a respaldar esa reforma fiscal o a no participar en los actos de rechazo, porque debe subrayarse que la democracia también se sustenta en la diversidad de ideas o pareceres que no siempre confluyen.

La Policía debería olvidarse de ejercer el desagradable papel de preboste y convertirse en entre previsor y garante de los derechos ciudadanos con la sola condición de que se canalicen siempre conforme a la ley y el orden.

A lo que se aspira es que una vez transcurrida esa protesta nacional que se expresaría en ausencia laboral y marchas, no se reporten muertos ni heridos ni daños a la propiedad pública o privada, resultados a los que se obligan los organizadores y propias autoridades.

Ojalá que el Gobierno, en vez de confundir silencio con adhesión, escuche a las voces disidentes y promueva un tipo de consenso nacional basado en la pluralidad, justicia ante un asunto de tanta trascendencia social como lo es ese proyecto que, aunque presentado como arlequín, la gente lo percibe como demonio.