La frecuencia de crímenes espeluznantes, relacionados con acciones de robos, asaltos y sicariato, cometidos con armas de fuego, está promoviendo la idea de crear una nueva legislación para controlar el porte y tenencia de revólveres, pistolas y ametralladoras en manos de la población civil, a los fines de disminuir la cantidad de homicidios y asesinatos que están consternando a la sociedad.

Es increíble el número de armas ilegales en poder de personas desaprensivas, dispuestas a disparar sin ningún miramiento ni ruego, por motivos simplistas, entre los que se pueden citar, el estacionamiento de un vehículo en un parqueo privado ajeno o el rozamiento de una jeepeta o de cualquier otro vehículo de transporte. Desgraciadamente, aquí todo el mundo anda armado, principalmente los delincuentes.

Es loable que se llame al desarme de la población, para que bajen los incidentes sin importancia que causan muertes innecesarias por la falta de capacidad emocional de sus autores. Lo que no se concibe ni debe admitirse es que jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 a 30 años anden en motocicletas, como verdaderos mensajeros de la muerte, quitándole la vida a personas trabajadoras.

Los criminales que andan sueltos en las calles de nuestro país, tienen armas de todos los calibres, incluso más sofisticadas que algunos cuerpos armados de la República. El panorama plantea que no hay otro camino que una lucha frontal contra el crimen, pues la inseguridad ciudadana está impidiendo la interacción social y la pérdida de las reuniones familiares por el temor de salir de sus casas.

Armas de fuegos ilegales y profusión de la delincuencia son problemas troncales, que no esperan tiempos para su eliminación definitiva o su reducción a su más mínimo nivel para el establecimiento de la paz social que hemos perdido. En este aspecto, los poderes del Estado tienen una responsabilidad meridiana para buscar soluciones concretas, sin temor de tocar grupos de intereses.

La frontera domínico – haitiana es una de los trasiegos principales para el tráfico de drogas y armas de fuego. En la provincia de Dajabón, se consigue una pistola de 9 milímetros por la suma de 15 mil pesos. Esta situación es posible debido a que en Haití existe un estado fallido, y de esta parte de nuestro territorio hay una mafia de militares y civiles, dedicados al tráfico de sustancias prohibidas y de armamentos. Y lo peor del caso, es que cualquier persona inculpada por esta infracción puede salir bajo fianza.